Diez años después del ‘Prestige’ no se cumplen las medidas de prevención
Los ecologistas denuncian la «impunidad» de los políticos a la espera del juicio.
Imagen de las salas donde se efectuarán los juicios por la catástrofe del ‘Prestige’.
La marea negra del Prestige cumple diez años. Una década desde que los cientos de miles de voluntarios ataviados con monos blanco realizaran una ímproba tarea de limpieza. De que el chapapote acabase con miles de peces y aves marinas. De que cientos de pescadores de todo el Cantábrico vieran arruinado su trabajo sin poder faenar mientras aparecían miles de aves y peces muertos. De los ‘hilillos’ de plastilina y el ‘Nunca Mais’. En esta década había muchos deberes por hacer. Y no se hicieron.
Los ecologistas denuncian el incumplimiento de las medidas de prevención que evitarían otra catástrofe. La «impunidad» de los políticos a la espera de un juicio todavía no celebrado —comienza el próximo martes—. Y la falta de un plan para limpiar las zonas todavía cubiertas de fuel en el fondo marino. «Hubo un accidente, pero decisiones políticas agravaron la catástrofe», explica Teo Oberhuber, responsable de Ecologistas en Acción. Desde esta asociación recuerdan que la medida fue la peor que se pudo tomar. «Cuanto más lejos fuera el vertido, a más costa afecta», explicó Oberhuber.
Comienza el juicio
El responsable de esta decisión fue el entonces director general de Marina Mercante, José Luis López Sors, el único político que se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio que comenzará el próximo martes. Sors se enfrenta a una condena máxima de cinco años de prisión por un delito de contaminación.
Los otros tres acusados son miembros de la tripulación del Prestige : el capitán del barco, el jefe de máquinas y el primer oficial.
El retraso se debe en gran parte a que solo en la fase de instrucción participaron nueve magistrados distintos. Y es que todas las cifras son mareantes. Se han personado 2.000 acusaciones, el sumario consta de 190 tomos y 270.000 folios, acudirán 98 peritos y 135 testigos. El Estado español está presente como acusación, contra los tripulantes del buque, y como responsable subsidiario
Ecologistas en Acción alerta de que no se han sentado las bases legales para evitar un nuevo vertido. Al igual que las banderas de conveniencia, lo que dificulta identificar a los verdaderos responsables en caso de una catástrofe. Además, los miembros de la entidad mostraron su preocupación por estudios que señalan un aumento del riesgo de padecer cáncer de los voluntarios que limpiaron el chapapote. También denunciaron la falta de limpieza de muchas zonas del 90.000 toneladas de residuos recuperadas siguen sin tratarse.