Las prótesis tendrán un precio progresivo en función de la renta
El objetivo del Gobierno es ahorrar 53 millones en el coste sanitario.
Imagen de dos prótesis de piernas amputadas.
El Gobierno dio el viernes un paso para igualar los servicios mínimos que ofrecen todas las comunidades autónomas en materia sanitaria. Ahora es el turno de las ortoprótesis que el Ministerio de Sanidad se ha empeñado en equiparar en todas las regiones. El objetivo es ahorrar unos 53 millones en el coste sanitario a través de la implantación de un importe máximo de financiación.Es decir, que el ciudadano pague lo mismos viva en la comunidad que viva. Al igual que los fármacos, los ciudadanos tendrán que pagar parte de estos productos, salvo aquellos implantes que sean quirúrgicos. Este proyecto de real decreto se encuadra dentro de la cartera de servicios suplementaria que el Ejecutivo quiere fijar junto a las comunidades autónomas. Estos productos, que incluyen tanto aquellas que sustituyen una parte del cuerpo humano —manos o pies— y aquellas destinadas a facilitar la recuperación —collarines, muletas— o el desplazamiento de los pacientes —sillas de ruedas—. El ministerio recalcó que los productos ortoprotésicos de dispensación ambulatoria ya estaban sometidos a aportaciones de los usuarios en muchas de las comunidades al tener estas todas las competencias en la materia. Sin embargo, los precios, el acceso y los productos varían.
Por estos motivos, el departamento de Ana Mato se ha propuesto crear un catálogo común para todas las regiones, Ingesa y las mutualidades de funcionarios. Este documento también determinará el conjunto de los productos susceptibles de ser financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Gobierno asegura que solo se pagarán aquellos accesorios que las empresas oferten al SNS de acuerdo a los criterios establecidos. En cuanto al establecimiento de la aportación de los usuarios, el Ministerio de Sanidad tomará como ejemplo los criterios actuales que están fijados para el copago farmacéutico, aunque todavía el departamento de Ana Mato no ha establecido los límites económico. Si subrayó que los parados de larga duración sin ayuda, los perceptores de las rentas de integración social y de las pensiones no contributivas, personas con discapacidad beneficiarias del sistema de prestaciones previsto en la ley de integración social de las personas con discapacidad.