Un edil madrileño, la primera víctima política de la tragedia del Madrid Arena

El concejal Pedro Calvo Poch se convirtió ayer en la primera víctima política de la tragedia del Madrid Arena, pero quizás no la última. El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y eterno delfín de Alberto Ruiz-Gallardón presentó ayer su dimisión solo horas después de que el juez Eduardo López Palop le imputara en el sumario que investiga la muerte de las cuatro jóvenes en la fiesta de Halloween.

Calvo cesa de absolutamente todos sus cargos en el consistorio: teniente de alcalde, concejal delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento, y presidente de Madrid Espacios y Congresos.

Fuentes del caso no descartan que la imputación del edil solo sea la primera de un responsable municipal. El juez ya ha decidido ampliar la investigación penal sobre la tragedia a la supuesta responsabilidad del Ayuntamiento madrileño. La dimisión de Calvo había sido solicitada por casi todos los grupos de la oposición municipal, además de la de otros altos cargos, y muy en particular la del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, quien también presidió Madrid Espacios y Congresos y que supuestamente mantiene una relación de amistad con el dueño de DivierTT.

Cambio de opinión

El juez López Palop, que el lunes había pedido al Ayuntamiento que identificara la concejalía dedicada a alquilar los espacios públicos para eventos con el fin de llamar a declarar como testigo a su responsable, cambió de opinión ayer después de un breve encuentro con la Fiscalía. El Ministerio Público abogó por cambiar su condición de testigo a imputado habida cuenta de que el concejal durante su declaración podría aportar datos que le impliquen. Ante esta posibilidad, el instructor aceptó la petición de la Fiscalía para que el concejal pueda declarar asistido de un abogado y acogerse a su derecho de no declarar.

Calvo se convierte así en la cuarta persona acusada en este proceso después de que el magistrado imputara a Flores y a los responsables de las dos firmas encargadas de la seguridad en el recinto, Seguriber, encargada de la protección perimetral, y Kontrol 34, la empresa que tenía que ocuparse de controlar al gentío en el interior del recinto.

Según el calendario hecho público ayer, el magistrado interrogará el 20 de noviembre a Flores, el 21 el representante de Kontrol 34. No hay fecha todavía para la declaración de Calvo y del representante legal de Seguriber. A esas primeras declaraciones ya podrá asistir el abogado del PSOE. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid se personó ayer como acusación particular en este proceso. Se trata de la segunda acusación registrada, tras el sindicato Manos Limpias, y a la espera de que las familias de las cuatro fallecidas y la herida decidan si se personan.