Cuenta atrás para la reforma educativa

El próximo miércoles las comunidades autónomas darán luz verde al borrador definitivo de la Lomce.

El ministro José Ignacio Wert en una de sus reuniones con los delegados autonómicos.

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d. valera | madrid
León

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El anteproyecto de ley sigue abierto a modificaciones hasta que se convierta en ley». Esa fue la frase que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, pronunció tras la última reunión con la consejera catalana, Irene Rigau. Sin embargo, pese a las palabras conciliadoras y diplomáticas del ministro, la aprobación de la reforma educativa ya ha iniciado su cuenta atrás. El margen para que se produzcan cambios sustanciales en el texto termina el próximo 19 de diciembre. Ese día, la Conferencia Sectorial dará luz verde al borrador definitivo del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La polémica por el catalán, el reparto competencial, la alternativa a la asignatura de Religión y la financiación de centros privados son los principales puntos de fricción que estarán sobre la mesa.

La polémica por el uso del catalán hace tiempo que se adueñó del debate sobre la reforma educativa. La Generalitat pide un «cambio sustancial» en la disposición que regula el castellano como lengua vehicular para los alumnos que lo soliciten. De no ser así, amenazó con «no acatar» la legislación estatal, algo que sería todo un acto de insumisión.

El ministerio se ha dado cuenta de la sensibilidad que despierta el modelo lingüístico en Cataluña y hará cambios en el borrador. Eso sí, las modificaciones irán en el sentido de las propuestas del PP catalán. Es decir, cambiar la denominación de «especialidad» para las asignaturas de lenguas cooficiales y aclarar que la de preeminencia del uso de una lengua cooficial sobre el castellano en una «proporción razonable» la marca la comunidad autónoma. Más complicado parece la inclusión, como solicitó Alicia Sánchez-Camacho, de una asignatura sobre el conocimiento de las lenguas cooficiales en el resto del país.

El control sobre las asignaturas troncales es otro caballo de batalla entre Cataluña y el Gobierno. Según el borrador actual el Estado fijará el 100% de los contenidos de estas materias, es decir, Matemáticas, Lengua, Inglés, Geografía, Biología y, sobre todo, Historia. Tanto la Generalitat, como las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Andalucía y Asturias) consideran que invade las competencias recogidas en sus estatutos.

Estas comunidades autónomas también quieren un mayor protagonismo en las evaluaciones previstas al final de cada etapa educativa (6º Primaria, 4º ESO y 2º Bachillerato). El borrador actual establece que será el Estado el encargado elaborar estas pruebas «comunes» en todo el país.

También suscita un rechazo frontal de comunidades como Andalucía o Asturias la nueva alternativa a Religión denominada Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Esta materia se mantendrá como asignatura evaluable, una de las reivindicaciones históricas de la Iglesia. La única duda es si el Gobierno se atreverá a concretar si la asignatura será válida para calcular la nota media en Bachillerato o dejará ese importante matiz para un desarrollo posterior de la ley o de un reglamento ulterior.

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Pero Wert no tiene solo presiones de la oposición, también las comunidades del PP tratan de influir en el texto. Y es en la libertad de elección de centro donde autonomías como Madrid plantarán la batalla. Consideran ambigua la expresión «demanda social» que abre la posibilidad a que centros privados puedan recibir financiación pública si tienen suficiente demanda de alumnos. A pesar de tantos frentes abiertos, el 19 de diciembre el borrador definitivo será aprobado. El Gobierno no puede permitirse más retrasos si quiere que parte de la reforma comience a aplicarse el próximo curso escolar.