El Tribunal de Cuentas desvela graves fallos en la gestión de la Dependencia
Un informe preliminar denuncia descoordinación entre el Gobierno y las autonomías.
Era un secreto a voces, pero ahora el Tribunal de Cuentas ha confirmado y puesto cifras a la pésima gestión de la ley de Dependencia. La absoluta descoordinación entre las distintas administraciones –autonómica y central– tuvo su principal reflejo en la falta de actualización de la base de datos de dependientes y supuso un importante perjuicio al erario público. El Tribunal, en un informe preliminar que fiscaliza los aspectos económicos de la normativa entre los años 2007 y 2011, enumera las principales negligencias: «Se ha detectado información no actualizada, existencia de beneficiarios fallecidos, duplicidades, DNI incorrectos, falta de homogeneización de datos entre las comunidades autónomas y retraso en la comunicación de la información». En su análisis, el organismo descubrió que hasta 41.224 dependientes fallecidos todavía permanecían en los registros como beneficiarios de ayudas. Otros 1.363 expedientes estaban duplicados y 3.115 personas recibían una prestación superior al máximo permitido. Todos estos defectos tuvieron un coste superior a los 175 millones de euros para el Estado.
En el demoledor informe, en fase de alegaciones, las amonestaciones más graves hacen referencia a la aplicación informática Sisaad, es decir, la base de datos donde deben figurar todos los beneficiarios de la ley. «El Tribunal detectó la existencia de numerosas personas fallecidas que, sin embargo, se encontraban registradas en la aplicación informática como beneficiarios de prestaciones», denuncia el documento. Esto no significa que las familias de los dependientes fallecidos siguieran recibiendo la prestación. Por el contrario, la mayor parte del dinero se quedaba en las comunidades autónomas. De hecho, el informe critica la «falta de comunicación» de los decesos por parte de los Gobiernos regionales provocando «la obtención de una financiación indebida». Y es que el Estado, a través del Imserso (órgano encargado de gestionar las ayudas), continuaba pagando a las comunidades su parte correspondiente a la prestación. Sin embargo, el Tribunal también denuncia la «ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización».
El Ministerio de Ana Mato reconoció durante el último Consejo Interterritorial de Dependencia de enero la existencia de 30.000 dependientes fallecidos registrados. Sin embargo, el número que desvela el Tribunal de Cuentas es superior. El total hasta el 30 de abril de 2011 ascendía a 41.224 personas.
El Tribunal también detectó 1.363 expedientes duplicados generando un doble abono en las comunidades autónomas cuantificado en 5,2 millones de euros.
En el informe, el Tribunal de Cuentas fiscalizó en profundidad a seis comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Asturias y Canarias).
Para poner orden en este desbarajuste, el Tribunal recomienda «potenciar los procedimientos de control interno sobre el sistema de información, incrementando el intercambio de información con otras bases de datos de la administración pública con el fin de evitar las anomalías existentes en la actualidad».