El Gobierno aprueba la reforma que sancionará a las gasolineras flotantes
La nueva ley obligará a evaluar el impacto ambiental de los proyectos de ‘fracking’.
Arias Cañete, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Mayor control medioambiental, pero también procedimientos más ágiles. Esos son los objetivos del proyecto de Ley de Evaluación Ambiental aprobado ayer en el Consejo de Ministros. El texto se compromete a garantizar especialmente las zonas protegidas y pone su foco en prácticas polémicas como el ‘fracking’, que a partir de ahora requerirá de más informes sobre el impacto las áreas de aplicación.
Esta técnica de fracturación hidráulica consiste en aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo inyectando a presión algún elemento —normalmente agua mezclada con arena y algún producto químico— para ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso y favorecer así la salida al exterior. Además, los controles también se endurecen para las gasolineras flotantes —sobre todo en el Estrecho— al aumentar las sanciones.
El otro gran propósito de la ley tiene que ver con reducir la burocracia en los informes de evaluación ambiental para evitar dilaciones injustificables. Para ello la normativa unifica y simplifican los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental al emplear un esquema similar para ambos. El objetivo del Ejecutivo es que las comunidades autónomas tengan un año para adaptarse a la nueva legislación.
Y es que según cálculos del propio ministerio de Medio Ambiente hay unos 10.000 expedientes en tramitación en toda España, cuya duración media en la administración central es de 3,4 años, incumpliendo claramente el límite que establece la normativa vigente de dos años. Sin embargo, para corregir este problema, el ministerio que dirige Miguel Arias Cañete pretende restringir aún más ese plazo de manera que la evaluación ambiental no supere los 4 meses.
Precisamente la reducción de los plazos levanta sospechas en los grupos ecologistas. «No soluciona los problemas de evaluación ambiental presentes en la ley aún en vigor, ni mejora la calidad de los actualmente insuficientes informes de impacto ambiental. Además, el recorte de plazos afectará a la calidad de las evaluaciones ambientales», criticó en un comunicado Ecologistas en Acción.
«Mercantilización», una denuncia que desmintieron desde el ministerio al insistir en que una mayor celeridad en la evaluación no va en detrimento de la seriedad de los análisis.
Otra de las medidas polémicas de la normativa es la creación de bancos de conservación de la naturaleza, un instrumento de carácter voluntario que puede utilizarse para compensar la pérdida de biodiversidad producida al ejecutar proyectos con impactos ambientales.