La jueza de los ERE investigará también el desvío de fondos públicos en UGT

El trabajo se le acumula a la jueza que instruye el supuesto fraude en los ERE pagados por la Junta de Andalucía. El Decanato de los juzgados de Sevilla ha decidido que Mercedes Alaya sea también la responsable de investigar el supuesto desvío de fondos públicos mediante facturas falsas en el sindicato UGT, al entender que se tratan de unos hechos relacionados con el pago de sobrecomisiones investigado ya en el 'caso ERE'.

Fuentes del Decanato han explicado que la nueva línea de investigación corresponde a la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en agosto por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso "indebido" de fondos de formación para desempleados para pancartas y otros gastos internos de UGT con motivo de la huelga general del 29 de septiembre del 2010.

Dicha denuncia recayó en el juzgado de instrucción número 9, que ahora ha presentado una consulta por considerar que se trataría de hechos conexos con los que investiga Alaya a raíz de la operación policial Heracles desarrollada el pasado mes de marzo, como así ha estimado ahora el juez decano de Sevilla.

Nueva línea de investigación

Esta operación puso al descubierto las jugosas comisiones que desde la Consejería de Empleo se pagaban a mediadoras y conseguidores por participar en la tramitación de las ayudas a empresas en crisis. Y cómo parte de ese dinero, unos 7,6 millones, fue a parar al entorno de los sindicatos, según consta en los autos judiciales. Precisamente, el pasado mes de septiembre Alaya decidió abrir una nueva línea de investigación para esclarecer cómo fondos destinados para cursos de UGT habían acabado en manos del conseguidor y exmiembro de la organización Juan Lanzas, implicado en el 'caso ERE'.

La decisión del Decanato se produce justo un día después de las críticas de Anticorrupción a las dilaciones en el caso de los ERE fraudulentos, y de que la jueza Alaya haya tenido que admitir que habrían prescrito dos de los tres delitos supuestamente cometidos por los hermanos de la ministra de Empleo Fátima Báñez en otra de las macrocausas que investiga, la venta amañada de suelos en Mercasevilla.

En este sentido, el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce ha apoyado estelas manifestaciones de la Fiscalía Superior de Andalucía a favor de que se modifique el Código Penal para que se acoten los plazos de investigación durante las instrucciones judiciales a fin de evitar que los delitos prescriban.