Asturias y el País Vasco rechazan la posibilidad de carreras de tres años
José Ignacio Wert y el consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos Otero.
Cataluña o Andalucía, entre otras comunidades, se mostraron ayer favorables, con matices, a la implantación voluntaria por las universidades de grados de tres años, mientras que Asturias y el País Vasco son las únicas que, según el ministro José Ignacio Wert, han planteado «discrepancias de fondo».
Wert presidió ayer la Conferencia General de Política Universitaria, en la que explicó a las comunidades los proyectos de decreto de reforma universitaria, como el que también retoca el sistema de acreditación de profesorado y el que establece nuevos criterios de constitución de universidades.
Aunque la gobernanza y la financiación de las universidades no forman parte de las propuestas, el ministro no ha excluido «tocar estas cuestiones».
En la rueda de prensa posterior, el ministro admitió que las dudas manifestadas por la mayoría de comunidades estaban más relacionadas con aspectos de «oportunidad» que con la posibilidad de que convivan carreras de cuatro años, las actuales, con otras de tres.
Las comunidades, en general, han compartido «algunas preocupaciones», según Wert, relativas a la «proliferación de universidades no presenciales» y su acreditación institucional, y han propuesto mejoras técnicas sobre las propuestas ministeriales.
Preguntado por qué la reforma no alcanza al gobierno y la financiación de las universidades, Wert reconoció que se han oído voces que reclaman «unos cambios más radicales», que implicarían modificar la ley de universidades.
En el caso de la financiación, señaló que exige un planteamiento dialogado y convenido con las comunidades y que se tome en consideración los problemas de déficit público.
El secretario general de Universidades de Cataluña, Antoni Castellà, aseguró que la propuesta de Wert otorga «flexibilidad», así que los centros catalanes podrán empezar a ofrecer grados de tres años ya en 2015.
Representa un avance en la autonomía universitaria y es una reivindicación de Cataluña desde hace una década, que favorecerá las carreras orientadas a la investigación.