Cerca de 900.000 personas perdieron el derecho a la sanidad pública desde 2012
Así lo denuncia un manifiesto realizado por organizaciones y plataformas sociales.
Desde abril de 2012 al menos 873.000 personas han perdido el derecho a laasistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno, tal como denuncia el manifiesto hecho público ayer por 73 organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, al cumplirse los dos años de la entrada e vigor del real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (RDL).
El documento pone de manifiesto los «impactos» causados por la normativa aprobada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato , en el que subraya «el incumplimiento por parte del Gobierno» de la legislación internacional de derechos humanos.
Con el RDL, «la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado». Además, según denuncia el manifiesto «se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas».
Población vulnerable
El manifiesto advierte que esas cerca de 900.000 personas son una población «especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias», unos ciudadanos que están «contribuyendo a su financiación mediante los impuestos» del sistema sanitario.
La dispar aplicación del real decreto en cada una de las comunidades autónomas y por parte de los distintos centros sanitarios «ha deteriorado aún más la cohesión territorial» en el Sistema Nacional de Salud, y «ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo».
Los firmantes también ponen de manifiesto que con las personas para las que la normativa sí reconoce la atención sanitaria (embarazadas, menores, atención de urgencias.) «se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos». Porque, al desplazar la atención a las urgencias «genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención».