Las ONG no apoyan que aumente la presión sobre los clientes de prostitución

El Gobierno tiene un plan para luchar contra la trata de personas. En breve comenzará su segunda fase y la policía, según su director, ejercerá una «presión insoportable» sobre los clientes de la prostitución. Aunque a la mayoría de víctimas de esta esclavitud moderna se las explota sexualmente, las organizaciones sociales que luchan contra esta situación tienen sus dudas sobre la eficacia de la medida. Algunas la califican de «paso en la buena dirección», otras de decisión insuficiente o, incluso, de «pura hipocresía electoralista».

La primera fase del plan comenzó en abril de 2013 y sus números, según fuentes del ministerio del Interior, son «muy satisfactorios, mejores de lo esperado». En los 22 meses que lleva en marcha se produjeron 462 operaciones en las que se detuvo a 1.450 personas y se detectó a 11.751 potenciales víctimas de trata de personas. También se realizaron 963 inspecciones de trabajo y se intervinieron 29 millones de euros. La segunda fase, según el ministro Fernández Díaz, pretende ahuyentar a los clientes y reducir la demanda. Para eso vigilarán con más intensidad los arcenes de las carreteras y la cercanía de los centros escolares.

La asociación de prostitutas Hetaira está en contra de presionar policialmente a los clientes. «Va en contra de las condiciones de vida y de trabajo de las prostitutas», asegura Mamen Briz, portavoz de la organización. «Y no solo lo decimos nosotras, también los expertos contra la trata». Argumenta que el objetivo del Gobierno es electoral, y no afrontar el problema en su conjunto. «La medida no tiene nada que ver con la trata de personas. Hay que conceder derechos de asilo a las víctimas y no recluir a las mujeres en centros de internamiento de extranjeros», recalca Briz, y recuerda que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana contempla multar tanto a clientes como a prostitutas. Con la ley tal y como está, actualmente en tramitación parlamentaria, en el Senado, se considerará una infracción grave «la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores (.), o cuando (.) puedan generar un riesgo para la seguridad vial». Las multas pueden ser de entre 600 y 30.000 euros para los clientes. Para las prostitutas también se contemplan estas sanciones en caso de que ejerzan su oficio en dichos lugares pese a las advertencias de la policía. «La persistencia podría constituir una infracción», afirma el borrador.