El PP obliga a las menores a solicitar el permiso paterno para poder abortar
La nueva ley no pasará por el Consejo ni será presentada por Sanidad o Justicia.
La malformación del feto dejara de estar recogida como razón suficiente para abortar.
Un folio resume el cambio que se introducirá para modificar la ley del aborto. A nueve meses de las elecciones, casi sin tiempo para el debate ni voluntad de asumir ningún riesgo, el Gobierno ha optado finalmente por cubrir el expediente. Atrás queda la extensa ‘reforma Gallardón’, avalada por los sectores más conservadores de la sociedad y del PP, y contestada con dureza en las calles. Ni tan siquiera será el Ejecutivo el encargado de plantear la reforma. No pasará por el Consejo de Ministros, no tendrá que ser presentada por los titulares de Sanidad o Justicia junto a la vicepresidenta en la rueda de prensa de los viernes en la Moncloa. La iniciativa ha quedado en manos del PP, que ayer registró en el Congreso la proposición de ley con la que, de manera discreta y rápida, pretende dar carpetazo a una de sus promesas estrella para las elecciones de 2011 y una de las grandes polémicas de la legislatura.
Los populares han optado por una fórmula que se limita a derogar el punto más controvertido de la norma de plazos que promovió el Gobierno de Zapatero en 2010. El PP suprimirá el artículo 13.4 y, con él, la capacidad que tenían las jóvenes de 16 y 17 años para decidir abortar. A partir de la entrada en vigor de la reforma, no sólo deberán informar a sus progenitores, sino que necesitarán su autorización para dar el paso. La obligatoriedad quedará expresada en la ley de autonomía del paciente, en la que se incluirá que «para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento de sus representantes legales». A partir de ahí, cualquier conflicto familiar que pueda surgir en la búsqueda de esa conformidad será resuelto según lo establecido en el Código Civil.
Es el único aspecto que se salva de la propuesta que en su día elaboró Alberto Ruiz-Gallardón. El ex ministro de Justicia pretendió retornar a la ley de 1985, que establecía unos supuestos en los que la mujer podía abortar de manera legal, salvo por una excepción. Planteó que la malformación del feto dejara de estar recogida como razón suficiente para interrumpir un embarazo. El texto levantó ampollas, incluso en el PP, que no entendió la necesidad de ir tan lejos y pagar un muy alto precio político. Por eso, en septiembre del año pasado Mariano Rajoy decidió enterrar el anteproyecto y aceptar la dimisión de Gallardón.
«Había habido una enorme contestación social», justificaba hoy el portavoz parlamentario de los populares. Toda moneda tiene, sin embargo, dos caras, y al mismo tiempo que se calmaban los ánimos alterados, la retirada indignó esta vez a los grupos provida y miembros del partido sensibilizados con esta corriente. Rafael Hernando descarta, aun así, que ahora «nadie» en el PP pueda trasladar su «discrepancia» por la modificación del artículo relativo a las menores. Entiende que hay «consenso» y, es más, recuerda que se trata de «cumplir el programa» que llevó a Rajoy a la Moncloa.
El mismo argumento que sirvió para presentar la primera propuesta de reforma se esgrime así ahora para defender esta modificación limitada. Pero aquel documento electoral era tan ambiguo que es difícil deducir de él las intenciones reales del presidente.