«No estamos acostumbrados a que a nadie se le niegue una medicación»

A finales de febrero el Gobierno presentó su plan nacional contra la hepatitis C a las sociedades médicas y los colectivos de enfermos. A Mario Cortés lo esperaban a la salida, manifestándose en la puerta del Ministerio de Sanidad, dos decenas de sus compañeros en la plataforma de afectados. Lo arroparon con besos y abrazos antes de saber qué le habían contado; si traía buenas o malas noticias. «Estamos satisfechos», dijo. Estaba emocionado. Después matizó esta posición y acusó al Ejecutivo de «vender humo» por no poner dinero para la compra de fármacos. Pero ese día, reconoce, supo que habían ganado.

«Todas las conquistas sociales se han logrado gracias a la movilización», explica Cortés. A finales de 2013, Europa dio el visto bueno a la nueva generación de tratamientos para la hepatitis C. Un cóctel de antivirales con tasas de éxito casi totales, sin apenas efectos secundarios, pero muy caros. Sin embargo, durante todo 2014, en España solo llegó a unos centenares a través del denominado uso compasivo. Cuando a finales de año se aprobó su prescripción en hospitales, esta se restringió tanto que la principal asociación de hepatólogos llamó a sus socios a desobedecer las guías terapéuticas del Ministerio. «En España no estamos acostumbrados a que a nadie se le niegue una medicación», dice Cortés. Decidió luchar. Copió el modelo de otra asociación que había fundado en 2012, la despolitizó y creó la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. Él tiene carnet de la CNT. «Pero los virus no entienden de ideología», afirma.

Mario Cortés tiene 48 años y hepatitis C. Genotipo 4, hasta hace poco uno de los más difíciles de curar. Su hígado está en fase dos -daño grave-. Justo sobre el umbral que marcó el Gobierno para proporcionar la nueva medicación a los pacientes. El 18 de marzo su hepatóloga, con la que tiene cita cada seis meses, le recetó estos tratamientos. «Estoy muy contento», asegura. Aún no sabe cuándo se los van a dar. El 1 de abril es el día que llegaron los fármacos para los que el Gobierno ha negociado un precio mejor. Las comunidades autónomas pagarán 700 millones de euros por los necesarios para tratar a los 50.000 pacientes más graves que tienen identificados.

La plataforma se creó en septiembre. Desde entonces ha sido el colectivo que más ha presionado por conseguir que los nuevos tratamientos llegasen a los pacientes. El 18 de diciembre se encerraron en el hospital 12 de Octubre. «Llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo contundente para que nos tomasen en serio», explica Cortés. El pasado sábado 21 levantaron el campamento. «Es una victoria», dice. «Pero eso no significa que la plataforma deje de actuar». Ahora se preparan para ayudar a activistas de otros países a montar sus propias plataformas, y a presionar aquí para que los enfermos de todas las comunidades tengan acceso a la medicación. En pocos meses, afirma Cortés, han pasado de ser una veintena a ser miles de asociados.

A la plataforma, y en concreto a Cortés, se les ha acusado de estar financiados por una farmacéutica. Sus acciones y protestas se han dirigido contra el Gobierno y contra Gilead, la propietaria de Sovaldi, que solo es uno de los dos o tres medicamentos -igual de caros- necesarios para curar la hepatitis C. «Que miren nuestros estatutos. No recibimos subvenciones de nadie. Solo nos financiamos con cuotas y camisetas», asegura Cortés. «Como a cualquier movimiento social que molesta, nos intentan criminalizar». Aprovecha para criticar a la industria. «Las grandes farmacéuticas chantajean a los Estados», dice.

Su trabajo de vigilante nocturno, afirma, le ha permitido dedicarse en cuerpo y alma a la causa.