Josefa Hernández ingresó en la prisión de Tahíche por no derribar su casa

La Fiscalía se dirigió este mismo sábado por escrito al Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) para recomendar que se suspendiera el ingreso en prisión de Josefa Hernández, encarcelada por no derribar su casa, mientras se tramitaba el indulto.

El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, reveló ayer que el Ministerio Público pidió en dos ocasiones este verano que esta vecina de Fuerteventura, que mantiene a dos hijos y tres nietos, no ingresara en prisión: primero el pasado 6 de julio y después este mismo sábado.

En su dictamen de julio, la Fiscalía explicaba que no se oponía a que la condena de seis meses de prisión de Hernández siguiera suspendida, siempre y cuando hubiera por su parte «un compromiso inequívoco de demolición» de la vivienda que levantó ilegalmente en un espacio natural protegido, el Parque Rural de Betancuria.

El segundo informe recomendaba suspender su ingreso en la cárcel de Tahíche, que se produjo ayer, a la espera de que se resuelva la petición de indulto formulada por sus familiares.

En un comunicado, la Fiscalía precisa que envió por fax ese segundo informe el sábado y que ayer conprobó que «tuvo entrada efectiva en el Juzgado», sin que su titular haya dictado hasta el momento «resolución alguna que tenga en cuenta» su dictamen.

Las construcciones que llevaron a prisión a Josefa Hernández (una de 20 metros cuadrados y otra de 70) fueron denunciadas en su día por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y la Agencia de Protección del Medio Ambiente del Gobierno canario, lo que derivó en una condena por un delito contra la ordenación del territorio declarada firme por la Audiencia de Las Palmas.

La Fiscalía reconoce que Hernández no derribó ninguna de esas dos obras y que, de hecho, la Guardia Civil comprobó que ejecutó «nuevas construcciones de ampliación de la vivienda», en una actitud que denota una «clara rebeldía».

Sin embargo, entiende que procedía suspender su ingreso en prisión hasta que se pronuncie sobre el indulto el Consejo de Ministros porque su condena es de corta duración (seis meses) y porque ha satisfecho la multa que también se le impuso (700 euros).

Además, alega en favor de esa medida que la entrada en prisión puede ocasionar a Josefa Hernández «perjuicios irreparables que harían perder al indulto su finalidad» y que esperar a que se resuelva esa solicitud «no ocasiona una lesión específica y grave a los derechos o libertades fundamentales de terceros».

También recuerda que tiene hijos y nietos su cargo, que han transcurrido ocho años desde que cometió el delito.