LA CONTRAPORTADA DEL DIARIO
Un impuesto para las bolsas de plástico
Competencia propone crear un tributo para reducir el consumo y eliminar el daño medioambiental producido.
Bolsas de plástico acumuladas en el paseo del río en las fiestas de San Juan y San Pedro en León. RAMIRO
efe | madrid
Imaginen que al comprobar el ticket de una compra además de estar reflejada la cuantía del IVA también aparezca el importe por un impuesto a las bolsas de plástico utilizadas. Pues esa es la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): crear un tributo con el objetivo de reducir el consumo de este elemento tan extendido. El organismo considera que esta medida fiscal es más eficaz para desincentivar su uso que la contemplada en el proyecto de decreto del Gobierno y que fija un precio mínimo por bolsa que oscilará entre los 5 y 30 céntimos, dependiendo de su tipología. Es decir, se acabarán las bolsas gratuitas. Sin embargo, el organismo regulador considera que esa fórmula «introduce distorsiones desproporcionadas».
Competencia defiende en su informe —no vinculante— que un gravamen «permite internalizar más eficientemente el daño producido al medio ambiente» por estas bolsas. Explica que serían «el conjunto de consumidores los que soportarían el recargo del producto nocivo» y destaca que esta nueva figura permitiría nuevos ingresos para las arcas del Estado y los contribuyentes podrían «beneficiarse de los ingresos obtenidos de la imposición».
La CNMC también justifica su propuesta por la experiencia internacional. En este sentido, asegura que en países como Irlanda -tienen este impuesto desde 2002- la reducción del consumo de bolsas ha sido «muy alta en un corto plazo». En cualquier caso, considera necesario acompañar esta iniciativa con campañas de sensibilización y de gestión de residuos para minimizar el impacto de las bolsas en el medio ambiente.
El proyecto de decreto que ha evaluado el organismo regulador establece como objetivo que a 31 de diciembre de 2019 el consumo anual de bolsas de plástico ligeras no supere las 90 unidades por persona y que, a 31 de diciembre de 2025, no supere las 40 unidades por persona. De esta forma España se adapta a la directiva europea aprobada en 2015 y que obliga a reducir el uso medio en la UE (unas 200 bolsas por ciudadano) a esos niveles más moderados.