A los niños les violan en casa
Abusos sexuales, maltrato físico y psicológico, explotación laboral... León es la provincia de la Comunidad con mayor número de expedientes abiertos por desprotección infantil. La Policía Nacional y la Guardia Civil explican su día a día con los casos de maltrato de menores y aseguran que, lamentablemente, no se puede llegar a todo..

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cristina fanjul | león
Se tiró al río. Dejó su bicicleta a un lado, apoyada junto a un árbol y se lanzó a las aguas del Órbigo. Tenía catorce años, un historial de acoso escolar y una familia con problemas económicos... Cada año cientos de casos de niños a los que el maltrato y el desamparo llevan a la muerte llenan las páginas de los periódicos. La última, la niña asesinada este verano a la que las trabas de la burocracia impidieron salvar. «No podemos actuar en todos los casos. El sistema no podría con eso», destaca una de las fuentes consultadas por Diario de León sobre la desprotección que sufren los menores. La intimidad del hogar y la escasa implicación de la sociedad explican en parte una lacra que se ceba con los más indefensos. Las cifras lo explican con claridad. Casi el 70% de los delitos contra la violencia sexual que se cometen en León los sufren menores de edad, en casa, sin que medie violencia o intimidación, y de manera reiterada. Los datos que ofrece Adavas son tan duros como concluyentes. A los niños les violan en casa, y son quienes deberían protegerles los que abdican de su obligación de protección y dejan hacer o ejercen la violencia. También la física y psicológica.
«Los protocolos no funcionan como deberían con los niños», destaca una de las personas consultadas para este reportaje y los datos refuerzan su afirmación. El año pasado se abrieron en León 198 expedientes, uno de cada tres de los que se gestionaron en la comunidad. El 30% de ellos, se puso en marcha a causa de maltrato físico, psíquico, abuso sexual, explotación laboral o inducción a la delincuencia. Todos ellos son niños cuya vida corría peligro real. En lo que va de año, esta cifra ya asciende a 102 menores.
El jefe de la Unidad de Delitos contra las personas de la Guardia Civil de León tiene una larga experiencia en este tipo de delitos. Los casos se multiplican en su memoria. El sargento Carlos recuerda uno de los casos que más le marcó. Era un niño de catorce años al que sus padres no dejaban entrar en casa en invierno. «El niño permanecía en el autobús hasta que acababa la ronda y luego, los dueños de un bar cercano a su casa le dejaban hacer allí los deberes. A veces, incluso le daban de cenar. En verano era al revés. No le dejaban salir de casa». El drama de este menor se solucionó gracias a la colaboración ciudadana, pero hay ocasiones en las que el final es más trágico y tiene consecuencias para siempre. Hace años, la Guardia Civil detuvo a los padres de una familia cuyas hijas eran violadas de manera sistemática por parte de los hermanos. Fue en un reconocimiento médico cuando se descubrió lo que estaba ocurriendo. «La pediatra vio indicios de abuso sexual en una de las menores y rápidamente nos llamaron», informa el sargento. Sin embargo, las niñas de aquella familia habían vivido años en un infierno de violaciones sin que nadie —ni en la escuela, ni en el centro de salud ni en la comunidad— las ayudaran. Cuando el caso se destapó se descubrió que una de las hermanas se había quedado embarazada años atrás. «En otro caso era el abuelo el que mantenía contactos sexuales con las niñas de la familia», lamenta, para añadir que como éste ha tenido cuatro o cinco casos en los últimos años.
La ley del silencio y la invisibilidad de la violencia intrafamiliar convierte a los niños en carne de cañón. El hecho de que los abusos lleguen de un familiar les provoca emociones y sentimientos de culpabilidad imposibles de gestionar por un menor. «Tuvimos el caso de un niño que justificaba que sus padres apagaran cigarrillos sobre su cuerpo. Es que me porto mal», decía...
La Policía Nacional también acumula casos cuyo denominador común es la desolación. La responsable de la Ufam (Unidad de Familia y Mujer) recuerda la denuncia de un padre separado sobre los abusos sexuales que sufría su hija de cuatro años por parte de la pareja de la madre. «Ni el forense ni el equipo psicosocial vieron nada, con lo que el caso se cerró», recuerda la inspectora, que añade que poco después la niña apareció con quemaduras de cigarro. «A mediodía de ese mismo día, el juez había firmado el auto. Le pusieron un alejamiento», añade. En otro de los casos que ella misma gestionó, la Policía comenzó a realizar seguimientos a un ‘pederasta habitual’ que contactaba a los niños a través de cibers. «Descubrimos que vivía con una mujer que tenía dos hijas de un matrimonio anterior». La policía advirtió a la madre, pero esta no prestó atención. La ignorancia, unida a cierta limitación intelectual y una necesidad afectiva tóxica hicieron posibles los abusos, cada noche, mientras la madre dormía. Fue la policía Nacional la que puso en guardia a los servicios sociales para que se hicieran cargo. Los servicios sociales acudieron y fue la niña pequeña la que contó los abusos. «Siempre damos diligencia a todo lo que nos llega. Aquí estamos las 24 horas del día, los siete días de la semana, pero lamentablemente, el sistema no llega a todo», recalca.
Así fue en uno de los casos más brutales de cuantos recuerda la agente y que, según ella misma precisa, tenía además componentes culturales que también hubo que gestionar. «Era una adolescente que llevaba días sin acudir a clase. Su novio alertó al director del instituto, que lo denunció», explica. El chico había recibido una fotografía —que le había enviado la propia madre— de su novia con la cabeza afeitada y el rostro amoratado. «¿Te gusta ahora?», le preguntaba en el mensaje. Por lo visto, era la manera de esta mujer de impedir que su hija siguiera saliendo con su novio.
«Hay parejas que maltratan de manera recurrente y se pega a los menores que están en el domicilio porque molestan a la pareja», lamenta.
Fiscalía
Fuentes de la Fiscalía destacan que tienen conocimiento de los casos de maltrato por diversos medios, por lo general a través de profesionales sanitarios o policía. Explican que hay protocolos y la Junta se rige por la ley de 2002 y un reglamento de 2003. «Trabajan con ‘plan de caso’ y cada caso tiene niveles de prioridad (de 1 a 3), dependiendo de la entidad del asunto y del riesgo para la salud o integridad del menor», subrayan. Así, la Fiscalía tiene una intervención «supletoria», salvo que —y esto es excepcional— sea la primera conocedora de los hechos. En opinión de las mismas fuentes hay celeridad en la respuesta en los casos graves y los profesionales conocen bien sus cometidos. Sin embargo, admiten que a veces, por los motivos que sean, «tenemos un caso reciente en la provincia vecina» no se pueden evitar consecuencias graves.