Menores trans: otro año más en el limbo
Quedan apenas dos semanas para que se cumpla el plazo comprometido por la Junta para la aprobación de la ley de igualdad sexual. Sin embargo, desde la Consejería de Familia se asume que no podrán cumplir con su palabra, aunque por motivos distintos a los esgrimidos por el resto de grupos.
Portada de Time sobre los baños integradores.
cristina fanjul | león
La Ley de Igualdad para la Diversidad Sexual debería tramitarse antes de que terminara el año. Sin embargo, problemas políticos y burocráticos harán imposible que esta normativa —comprometida por el gobierno de la Junta— se ponga en marcha antes de 2018. Y eso con suerte. Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, departamento que ha liderado las negociaciones con las asociaciones LGTB, aseguran que el protocolo que articulará la ley está finalizada. «Llevamos un año trabajando con varias reuniones tras las que se ha gestado un documento muy completo», manifiesta Pablo Rodríguez, director general de Familia y Políticas Sociales. El responsable de la Consejería añade que el documento con el que partieron las negociaciones también se envío a Sanidad y Educación puesto que se trata de dos departamentos clave en el desarrollo de la nueva ley. Sin embargo, sostienen que no dará tiempo a que se apruebe antes de que concluya el año y se escudan en una justificación doble. Por un lado, aseguran que el protocolo se ha remitido a los distintos grupos políticos de las Cortes para que el documento que resulte sea fruto del consenso y no haya sorpresas en la votación. Asimismo, Rodríguez alude al debate que se desarrolla en el Congreso de los Diputados a instancias de una propuesta de Podemos y defiende la conveniencia de esperar la conclusión en Madrid para proceder a la aprobación en las Cortes.
El director general de la Junta resalta que la ley que se aprobará en Castilla y León consta de más de sesenta artículos divididos en tres títulos: El primero es el de la definición, ámbito y finalidad, el segundo se vertebra en las políticas públicas contra la discriminación —de carácter sanitario, educativo, familiar y laboral— y un tercero engloba las medidas que garantizan una igualdad real y efectiva, así como las normas actuales que, en virtud de la nueva legislación, serán objeto de derogación.
Pablo Rodríguez asegura que el gobierno de la Junta busca dar respuesta a las posibles vulneraciones de un colectivo en el que también hay muchos menores, si bien explica que aún no se ha llegado a un acuerdo en dos cuestiones fundamentales: «Hay valoraciones distintas en el uso de los aseos en los centros escolares y tampoco nos hemos puesto de acuerdo en las revisiones ginecológicas de las mujeres bisexuales», explica. El procurador de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ha manifestado que ellos no han recibido, de momento, borrador alguno, si bien revela que este mismo jueves mantendrá una reunión con los representantes de las asociaciones LGTB que han participado en el desarrollo del borrador.
«Miente como un bellaco»
Pablo Fernández acusa al director general de la Junta de «mentir como un bellaco» y asegura que hay un acuerdo desde hace más de un año en el que se concertaron todos los partidos políticos de las Cortes con el colectivo LGTB que participó en las negociaciones. «Ese borrador del que habla Pablo Rodríguez ya está consensuado y es muy semejante al que se puso en marcha en la Extremadura de Monago», denuncia el líder de Podemos en Castilla y León.
Pablo Fernández sostiene que Rosa Valdeón era la única persona que tenía un interés real en sacar adelante este proyecto. «Ahora, sin embargo, ya no es prioritario», manifiesta.
Fernández sostiene que la ley se encuentra totalmente paralizada y califica de «tartufismo» político la argumentación según la cual habría que esperar a que se aprobara una ley similar en el Congreso antes de hacerlo en la comunidad. «Hay muchas competencias transferidas, como la sanidad y la educación, básicas para la ley», defiende. El procurador defiende la necesidad de poner en marcha de manera activa protocolos contra el acoso escolar y el acceso de las mujeres homosexuales a la reproducción asistida. «Estamos en la cola en igualdad. No tiene más que ver que la comunidad de España donde menos matrimonios gay se celebran es esta», asegura Fernández.
Influencia de Hazte Oir
El político de Podemos coincide en su análisis con representantes de las asociaciones LGTB, que en el mes de junio denunciaron que la Junta habían mantenido reuniones con asociaciones ultracatólicas, como Hazte Oir y el Foro de la Familia, encuentros tras los que se produjeron modificaciones en el borrador de la futura ley. Entre estas modificaciones se encuentra la de que el acceso de los niños transexuales a los baños de los colegios se realice de manera individualizada y no de modo general como corresponde con su identidad sexual. Los miembros de las asociaciones LGTB consideraban entonces que esta posibilidad podría incluso degenerar en la creación de baños específicos, lo que crearía una suerte de apartheid para los menores.
Fuentes consultadas por Diario de León denuncian la gran cantidad de trámites que hay que cumplir para que una persona transexual pueda ser operada y critican que a veces se llega a exigir un diagnóstico de disforia de género, extremo que rechazan. «Nuestra identidad sexual no es una patología ni somos enfermos», manifiestan.
Una de las reivindicaciones que realizan las familias con niños transexuales es que se respeten los tránsitos sociales de estos menores. La dificultad en el cambio de DNI es uno de los problemas a los que se enfrentan, puesto que no puede hacerse hasta los 18 años y tras dos de hormonación, un proceso que implica que el Estado exige cambiar tu cuerpo para cambiar de nombre.