Diario de León

El acoso al coletivo LGTB se pagará caro

El borrador de la Ley de diversidad sexual recoge sanciones de hasta 45.000 euros por comportamientos y actitudes de odio.

Castilla y León es una de las pocas comunidades que aún no tiene una Ley de Igualdad de la identidad sexual. DAVID MOIR

Castilla y León es una de las pocas comunidades que aún no tiene una Ley de Igualdad de la identidad sexual. DAVID MOIR

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cristina fanjul | león

Tratamiento hormonal, procesos quirúrgicos, material protésico necesario, tratamientos que tiendan a la modulación del tono y el timbre de la voz, acompañamiento psicológico adecuado al usuario y a sus familiares, acceso a las técnicas de reproducción asistida y posibilidad de congelación de tejido gonadal y células reproductivas para su futura reproducción. Estas son algunas de las reivindicaciones referidas a la atención sanitaria que recoge el borrador del anteproyecto de ley de Igualdad social de la diversidad sexual y de género y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de Castilla y León. Las asociaciones LGTB+ llevan más de dos años un año trabajando para sacar adelante una ley que proteja a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Entre los artículos de esta nueva normativa, que ya tienen todos los partidos con representación y que este año se debatirá en las Cortes, destacan los que hacen referencia a las infracciones y sanciones. Así, el borrador incluye multas de hasta tres mil euros por infracciones leves, tales como el uso de expresiones vejatorias por razón de cualquier aspecto de la diversidad sexual, y de hasta 20.000 por infracciones graves. Dentro de este grupo se incluyen expresiones vejatorias que inciten a ejercer la violencia contra las personas o sus familias, la realización de actos o la imposición de cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan discriminación a causa de la orientación sexual o las prácticas laborales discriminatorias.

El acoso, los comportamientos agresivos, las represalias y el trato adverso se consideran infracciones muy graves y su sanción oscila entre los 20.001 y los 45.000 euros.

Además del carácter monetario de las sanciones, la normativa recoge también penas como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la comunidad por un periodo de dos años, la inhabilitación temporal para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos y la prohibición de contratar con la administración. Además, y en el caso de que las infracciones sean cometidas por personas físicas, se podrá conmutar la sanción por cursos de concienciación.

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