El Congreso se ve obligado a aplazar la reforma penal de Tráfico

Las quejas de la víctimas de accidentes de tráfico contra la reforma penal pactada por los partidos han tenido un efecto inmediato. La Comisión de Justicia del Congreso que debía votarlo este martes ha acordado aplazar la sesión una semana a petición del Gobierno. La intención introducir cambios que satisfagan a las víctimas  y pemitan que la reforma salga adelante por unanimidad.

Anna González, la viuda de un ciclista, que impulsó el endurecimiento de las penas para los culpables de atropellos a través de una campaña de recogida de firmas ha reaccionado con “esperanza” ante la decisión de la Comisión.

La actitud de la portavoz de Ciudadanos, Irene Rivera, ha sido clave  al defender hasta el último momento  enmiendas que recogían íntegramente la voluntad de las víctimas.

El principal escollo  para el acuerdo es el concepto de imprudencias menos graves. Actualmente los jueces apenas aplican este concepto porque ni siquiera están definidas. Los magistrados acaban considerando casi todos los accidentes imprudencias leves, que desde la reforma del 2015 están excluidas de la jurisdicción penal para recaer en la civil.

Allí las víctimas no tienen apoyo del fiscal y del forense, ni el proceso es gratuito, con lo que la mayoría acaban desistiendo ante el regocijo de las aseguradoras que pagan indemnizaciones a la baja.

#PorUnaLeyJusta, la campaña emprendida por Anna González, propone que todos los accidentes que se deban a una infracción de tráfico que cause muerte o lesiones sean considerados al menos imprudencia menos grave, pero los parlamentarios han incluido solo los casos en las que lesiones sean invalidantes, que incapaciten de por vida a la víctima. “Un conductor parte las piernas a un ciclista o un peatón porque se salta un semáforo y eso no sería objeto de causa penal”, ejemplifica el secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales(ACP), Alfonso Triviño.