La ‘esclavitud del siglo XXI’ sigue en las carreteras a pesar del Supremo
Doménico Chiappe | colpisa
La historia puede ser una más de tantas que resuenan como cacofonías entre las paredes de los prostíbulos que se levantan al margen de cada una de las carreteras españolas. «Papa Busch» la llamó por teléfono después que su red de captación local hiciera los primeros acercamientos con ella, «le ofreció ayuda para llegar a España, donde continuaría estudiando y lograría un trabajo de camarera o azafata». Antes del viaje la sometió a un ritual de brujería. La sometieron y obligaron a trabajar como prostituta. La golpearon para que acatara. Una historia de tantas, la misma para al menos cuatro testigos protegidas de este caso. Salvo que los detalles de las vidas de las chicas de Benin (Nigeria) llegaron a la sala penal del Tribunal Supremo que dictó penas de 39 años de prisión para los cabecillas.
El Supremo utiliza duras palabras: «No hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca. Simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practique la prostitución». Los locales aquí estaban en Córdoba, Vigo, La Coruña, Madrid. Allí estuvieron varios años las víctimas.
«La sentencia consolida una línea de jurisprudencia y reúne asuntos muy importantes, que ya estaban recogidos desde 2017, así como elementos de tipo penal que se van nutriendo con información de Naciones Unidas», mantiene Alba Alonso, abogada de la organización Sicar-Adoratrices. «Deja claro que la trata de personas no le ocurre sólo a extranjeras, pues pone el acento en que lo que importa no es la distancia entre el lugar de origen y el de explotación, sino el desarraigo de la persona despojada de sus apoyos y su vida. Eso es muy importante a nivel jurídico y afecta también a las españolas, que pudiendo ser de Huelva son llevadas a Barcelona para prostituirlas».
Al respecto, la ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar dice que «resulta fundamental resaltar que no estamos ante un delito que pueda ser cometido exclusivamente contra personas extranjeras, sino que abarcará todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o trasnacionales».