Sanidad deberá pagar a un enfermo operado de un tumor inexistente que luego fue desahuciado
La Consejería de Sanidad valenciana deberá pagar 114.192 euros a un enfermo que fue operado de un tumor inexistente y desahuciado por los médicos, por lo que se tuvo que jubilar anticipadamente y sufrió un «estado de preocupación y desasosiego constante» durante doce años, hasta que se descartó la enfermedad. Así lo indica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que reconoce la responsabilidad de la Conselleria y añade a la indemnización de 54.091 euros fijada por este departamento, otros 60.101 euros por los «daños morales». Los hechos comenzaron hace diecinueve años, en mayo de 1983, cuando, según narró en su demanda el paciente, M.S.L., acudió a su medico al sufrir intensos dolores en el abdomen y la espalda, así como pérdida de peso, por lo que fue remitido al servicio de cirugía, que le diagnosticó «ictericia obstructiva por un tumor pancreático». Tras ser operado en la clínica concertada «Mare Nostrum» de Alicante el 25 de octubre de ese año, los doctores «a la vista del tamaño de la tumoración» y el pronóstico «infausto» para el paciente, lo remitieron al servicio de oncología, donde se consideró que no procedía aplicar radiaciones ni quimioterapia, por lo que fue enviado al área de digestivo. Los especialistas de este servicio le sometieron a un tratamiento paliativo y le prescribieron dosis altas de un medicamento llamado «Sosegón», pero al persistir los dolores decidió acudir al hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde se le diagnosticó «estenosis (estrechamiento) duodenal» posterior a la intervención quirúrgica, según el relato del paciente. Así, doce años después de la primera intervención, en diciembre de 1995, M.S.L. fue operado de nuevo y «la biopsia hepática practicada descartó cualquier signo de malignidad». Por estos hechos, la Conselleria de Sanidad reconoció en noviembre de 1998 la existencia de una responsabilidad patrimonial y le otorgó una indemnización de 54.091 euros, pero, disconforme con esta cantidad, el enfermo representado por el letrado granadino José Miguel Castillo Calvín- presentó un recurso contencioso administrativo. El TSJCV, cuatro años después, ha estimado en parte su reclamación y ha elevado en 60.101 euros la indemnización, por lo que M.S.L. percibirá en total 114.192 euros. En su recurso, M.S.L. planteó que «el grave diagnóstico erróneo» y las medidas que se le aplicaron le causaron daños morales, ya que cayó en una grave depresión por la que precisa tratamiento psiquiátrico, pues la enfermedad que se le diagnosticó «era mortal» y fue «desahuciado por los médicos, pues no cabía tratamiento».