Arranca el juicio civil por el vertido de la mina de Aznalcóllar hace 25 años

El responsable de la restauración ambiental realizada por el vertido contaminante de la mina de Aznalcóllar compareció este martes en la primera sesión del juicio que celebra el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla. Javier Serrano declaró que «todas» las actuaciones acometidas y cuyo coste —casi 90 millones de euros— reclama la Junta de Andalucía a la empresa sueca Boliden «fueron motivadas por el vertido» y que la economía de la zona afectada, unas 4.600 hectáreas, sigue «pagando las consecuencias».

El compareciente fue la segunda persona en testificar en la vista oral que dirime las consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados. Serrano, quien fuera jefe de servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina Técnica de Restauración hasta 2001, ha manifestado que las «dimensiones» del vertido fueron tan grandes que la administración tuvo que «innovar» a la hora de restaurar el terreno afectado, ya que no había «una referencia mundial» que tomar como punto de partida.

Se trata de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes vertidos en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos incluso en zonas limítrofes al parque natural de Doñana, protegido como Patrimonio Mundial. La riada afectó a 4.634 hectáreas y avanzó 60 km.

La defensa de la empresa sueca Boliden-Apirsa, ejercida por el despacho Uría Menéndez, considera que la demanda civil de la Junta de Andalucía incluye cantidades «no imputables» a la empresa, en alusión a gastos por labores adicionales de «mejora» para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos «innecesarios», señalaron. El testigo descartó que el citado Corredor Verde fuese un proyecto planeado antes de la catástrofe medioambiental y defendió la necesidad de acometer una «descontaminación global» de todo el entorno, pues según dijo, 25 años después aún existen zonas afectadas.