El abusador infantil está en casa
Ocho de cada diez agresiones sexuales a menores son por familiares y conocidos Los juzgados especializados y las medidas contra la revictimización, sin ejecutar dos años después
Las agresiones sexuales a menores tienen como autores a los miembros del círculo más cercano. MIGUEL RIOPÁ
Las agresiones sexuales a menores en España son una violencia tan abundante como oculta y silenciada, que tiene como principales autores a miembros del círculo más próximo a la víctima y que se ceba con la niñas. Así lo desvela un informe de Save the Children que denuncia que la respuesta institucional y judicial contra esta lacra deja mucho que desear, sobre todo porque dos años después de aprobada la ley especializada —la de Protección a la Infancia frente a la Violencia— algunas de sus principales medidas siguen sin ponerse en marcha.
Los agresiones a menores son prácticamente la mitad de los ataques a la libertad sexual que se denuncian en España (más de 8.000 atestados al año), pero en realidad suman decenas de miles de casos silenciados, pues el documento de la ONG, basado en el análisis de unas 400 sentencias dictadas entre 2021 y 2022, calcula que no llegan a las comisarías y los juzgados más del 15% de los delitos de este tipo. El silencio que alimenta esta lacra, su enorme tasa de infradenuncia, se refleja en que el 96% de los procesados por estos delitos, casi la totalidad, carece de antecedentes por hechos similares.
Parte de la explicación de esta enorme opacidad, además de en la corta edad de las víctimas, se deduce del perfil del autor. Ocho de cada diez agresores sexuales de menores en España son familiares o conocidos, casi a partes iguales. En el caso de la familia, la mayor parte de los ataques surgen del padre o la pareja de la madre. El círculo social próximo incluye a amigos y conocidos tanto de la familia como de la víctima, a su posible pareja sentimental y a educadores y monitores. Son los ataques de estos amigos o conocidos los que más han aumentado, pues ya representan el 42% de los casos, ocho puntos más que hace solo dos años.
La víctima principal de estos ataques es una niña o una adolescente a la que se comienza a agredir desde los 11 años. El 80% de los abusos se producen sobre chicas, con tasas aún más altas entre los 5 y 9 años y en la adolescencia. La mitad de las agresiones que llegan a los juzgados se han producido entre los 10 y los 14 años y la aliada de la víctima en los casos que salen a la luz es la madre. El 75% de los procesos de los que se conoce su origen se inician por la denuncia de la perjudicada o de su progenitora.
La respuesta de las instituciones y de la justicia a esta lacra tiene un amplio margen de mejora, a la vista de la abundancia de dilaciones y revictimizaciones y de la falta de aplicación de las reformas. No llegan ni a la cuarta parte los procesos judiciales que se resuelven en dos años, el 18% tarda cuatro años y el 16%, cinco. Aquí, además, se detecta un notable retroceso, pues en el período 2019-2020 las sentencias que se dictaban en dos años o menos eran dos de cada tres, el triple que ahora.
Rosario de declaraciones Un segundo elemento negativo es el escaso uso de la prueba preconstituida, la toma inicial de declaración a la víctima, que queda grabada y que le exime de volver a contar sus abusos antes otros profesionales e, incluso, de repetirla en el juicio. Solo se produce en el 25% de los casos. La mayoría tiene que narrar su historia no menos de tres veces —policía, fiscal y juez— antes del propio juicio.