La inteligencia artificial tensa el debate en la UE

Los equipos negociadores de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y de la Eurocámara discuten el texto definitivo de la que será la primera ley en el mundo en regular la inteligencia artificial (IA). Este reglamento quiere impulsar el desarrollo de esta clase de tecnologías en la Unión Europea (UE) a la vez que establece un marco para su regulación. Incluye, entre otros aspectos, la obligatoriedad de identificar los contenidos creados por IA y clasifica esta tecnología en una serie de categorías, prohibiendo el uso de las consideradas peligrosas y monitorizado aquellas «de riesgo». La UE ha llegado a un primer acuerdo para regular los modelos fundacionales (como Chat GPT), pero las discusiones sobre la vigilancia biométrica, que el Parlamento Europeo quiere prohibir terminantemente, siguen encalladas.

Las negociaciones comenzaron en la tarde del miércoles y continúan a esta hora, encadenando más de dieciocho horas de reunión en la que -según fuentes de la negociación- se trata de dar «el empujón final al texto definitivo». «La alternativa es que no haya ningún tipo de ley, así que somos optimistas», destacaban estas mismas fuentes a principios de semana sobre la normativa, cuyo proceso legislativo comenzó en 2021.

La llegada de Chat GPT supuso toda una revolución de esta tecnología y obligó a acelerar la ley y adaptarla para que se amolde a las nuevas IA que vayan apareciendo. De este modo, se busca que el reglamento europeo tendrá cierta flexibilidad para que —de ser necesario— otras nuevas tecnologías de este tipo puedan ser incluidas o retiradas en la ‘lista de riesgo’, a través de actos delegados de la Comisión Europea. La ley también contempla la creación de un organismo continental que velará porque se cumpla la normativa europea y cada Estado miembro contará, además, con un organismo nacional dedicado a esta labor.

Entre las tecnologías que la Unión Europea quiere prohibir se encuentra la práctica del ‘social scoring’, el sistema que puntúa a las personas en función de su comportamiento, usado por las autoridades chinas, y que se puede aplicar para decidir si un ciudadano puede acceder a un determinado puesto de trabajo.

El Parlamento Europeo también pretende vetar el uso de vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos (con sistemas como el de reconocimiento facial). Los Estados miembros, en cambio, quieren que se permita el uso de este tipo de tecnología en los casos en los que esté en juego la seguridad nacional y, eso sí, siempre bajo autorización judicial. Estas dos posturas enfrentadas son las que ahora dificultan el consenso sobre la ley de inteligencia artificial.