Diario de León

Una sentencia que «saca los colores al Estado»

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El calvario de la familia Calleja Loma aún no ha terminado. El Tribunal Supremo ha trasladado su sentencia a la Audiencia Nacional, que ahora tendrá que determinar cómo resarcir a esta familia leonesa. En la demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, la familia estima en 350.000 euros los daños morales y psicológicos causados, además de todos los gastos de la educación particular de Rubén, las costas judiciales que han tenido que asumir y otros gastos.

El abogado de la familia, Juan Rodríguez Zapatero, ha destacado que «es una sentencia saca los colores al Estado» y su doctrina «debe trasladarse a una ley que diga que los dictámenes del CDPD son efectivos y vinculantes y establezca un procedimiento» para indemnizar a las personas dañadas.

Asimismo, aseguró que «marca un hito en la jurisprudencia española» al abrir las puertas a todas las personas a exigir al Estado que cumpla los dictámenes del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. «Refuerza enormemente el valor de la Convención al dejar claro que sus dictámenes son obligatorios y no meras recomendaciones como dijo la Audiencia Nacional», subraya. Es «innovadora y pionera», en España y también en Europa.

«Todavía no soy consciente del alcance y trascendencia de esta sentencia», señaló Alejandro Calleja, padre de Rubén. Una sentencia que llega después de casi 14 años de lucha y de «momentos muy duros y complicados, como la denuncia falsa del fiscal de menores de León imputándonos un delito de abandono de familia» o cuando se enteraron, a través de los compañeros de Rubén, de que el niño, con 10 años, sufría malos «por funcionarios públicos mal llamados docentes». Lamenta Calleja que el claustro del centro no apoyara a Rubén y que «amparara por acción u omisión el rechazo y abandono de Rubén». La sentencia, subraya, pone a la «Constitución y al Comité de Derechos de las Personas Con Discapacidad como «valedoras y defensoras de los derechos de nuestros hijos e hijas con diversidad funcional». «Es una sentencia que nos beneficia a todos como sociedad y nos hace mejores», concluye.

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