El embarazo y la maternidad copan la discriminación laboral en el trabajo

Las discriminaciones por riesgo del embarazo, por solicitar y sobre todo las medidas disciplinarias por haber tomado permisos relacionados con la maternidad o la lactancia son los casos de discriminación laboral de las mujeres que llegan con más abundancia a la sala cuarta del Tribunal Supremo que atiende los asuntos de la jurisdicción de lo Social.

Así lo manifestó ayer el magistrado Ignacio García-Perrote Escartín en las jornadas sobre Género y Trabajo. Transiciones justas hacia la igualdad laboral real, que dirigen la catedrática de Derecho del Trabajo Susana Rodríguez Escanciano y la profesora titular de este área en la ULE, Henar Álvarez Cuesta.

García-Perrote abrió estas jornadas, que se desarrollan en cuatro seminarios y están financiadas por el Instituto de las Mujeres. «La legislación actual tiene un grado de protección muy bueno. La perspectiva de género para interpretar las normas es relevante e importante», valoró el jurista.

«Las discriminaciones se sabe bien cuáles son. El problema es la efectividad de las normas. Si las normas realmente se cumplen y con toda su potencialidad», añadió. El magistrado subrayó que a raíz de la ley integral de 2022 de Protección Integral en materia de igualdad y no discriminación se esperan ver nuevas discriminaciones en el alto tribunal.

Para interpretar esta normativa, que viene de directivas comunitarias, «ya hay jurisprudencia interesante del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y por lo tanto no hay que partir del vacío, ni de la nada. Ya hay un cuerpo interpretativo y que dará pie a unos nuevos desarrollos».

El magistrado señaló que los avances en el ámbito legal y judicial tienen aún «un problema de efectividad». «La igualdad real es un objetivo no logrado del todo. La ley y la jurisprudencia llegan a donde pueden, muchas veces hay que cambiar comportamientos ancestrales muy interiorizados y eso es problemático», matizó.

En la exposición mencionó varias casos de discriminación laboral que se han ventilado en el Tribunal Supremo como las personas de una empresa, en su mayoría mujeres, que fueron privadas de la ayuda de comida en el horario de verano al tener reducción de jornada y salir antes de las 16.00 horas, como el resto de la plantilla. Ganaron el pleito porque, aunque la intención de la empresa no era discriminar a las mujeres, el hecho de que de 310 personas con jornada reducida, un total de 298 fueran mujeres se consideró un trato desigual.

Ignacio García-Perrote aclaró que la situación de embarazo se protege aunque no la conozca el empleador y ha dejado de ser considerado como despido improcedente para convertirse en nulo.

«El mundo no está preparado para cumplir los ODS de igualdad», aseguró Concepción Morales Vállez, magistrada suplente del TSJ de Madrid. «Quedan 300 años para acabar con el matrimonio infantil, 286 para eliminar las leyes discriminatorias y 140 años para alcanzar la representación igualitaria en cargos de liderazgo en puestos de trabajo», señaló tirando de cifras a nivel planetario. 

La magistrada señaló a la misma cúpula judicial, como el Tribunal Supremo o los TSJ, como ejemplos de desigualdad a pesar de que la carrera judicial está copada por más de un 60% de mujeres. Morales defendió que las cuotas de género han sido eficaces en la política.

Sobre los planes de igualdad en las empresas señaló que «para evitar el bloqueo institucional», el TSJ de Madrid ha optado por declarar no imputables aunque no hayan sido negociados si los representantes sindicales fueron convocados. «En muchos casos, los representantes no saben ni lo que es la corresponsabilidad», advirtió.