LEGISLACIÓN
La accesibilidad, obligatoria en los edificios de vecinos
Con la nueva Ley de Dependencia bastará con que un solo vecino solicite las obras
Una demostración de accesibilidad para personas con discapacidad visual.
Las obras o modificaciones técnicas que permitan que los vecinos con alguna clase de discapacidad puedan transitar libremente por el edificio y entrar y salir con autonomía de sus viviendas se van a convertir en una obligación legal para las comunidades de propietarios españolas. Es uno de los cambios más llamativos que incorpora el anteproyecto de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que hoy aprobará el Consejo de Ministros. Un texto que aún tardará varios meses en iniciar su tramitación en el Congreso y que solo se convertirá en realidad si el Ejecutivo lograr sellar una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarla, algo que cada vez le resulta más complicado.
La reforma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales tiene como grandes objetivos terminar con los recortes que el Gobierno del PP implantó entre 2012 y 2013, actualizar una ley de dependencia con 18 años, aumentar la autonomía personal y el tiempo de permanencia en su domicilio de estos ciudadanos e incorporar a la legislación la reforma constitucional que hace un año cambió el término «disminuido» por «personas con discapacidad» y reclamó que el Estado les garantice el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de españoles.
El anteproyecto de ley, además de una larga lista de novedades en el sistema de dependencia, declara el derecho a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad a todo tipo servicios o ámbitos de la vida, lo que tiene implicaciones directas tanto en la esfera pública como en la privada. En el área privada las consecuencias más importantes son las que deben garantizar su derecho de libre acceso a una vivienda, pues implican edificios sin barreras arquitectónicas que limiten su autonomía. Es decir, precisan cambios en los inmuebles que, según los cálculos de Cermi, el principal representante de los españoles con discapacidad, tienen atrapados en sus domicilios a unos 100.000 ciudadanos, muchos de ellos ancianos, que en el mejor de los casos viven aislados y que en numerosas ocasiones se ven abocados a ingresar en una residencia sin desearlo por la falta de autonomía personal.
El anteproyecto modifica la ley de propiedad horizontal para dejar claro que las obras en los edificios para neutralizar estas barreras serán algo obligatorio para todas las comunidades de propietarios, igual de ineludibles que las que afectan a la seguridad estructural del inmueble o las derivadas de goteras, humedades o fugas. Esta reforma, entre otras opciones, habilita a los vecinos solicitantes de la obra a acudir en busca de amparo a los tribunales si se les niegan las adaptaciones comunitarias a las que tienen derecho. La modificación también compromete a las administraciones públicas, que «tienen el deber» de establecer líneas de ayudas y subvenciones públicas para permitir a los españoles con discapacidad ejercitar su derecho una vivienda accesible.
La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia aprobada por el Gobierno en primera vuelta regula como infracción grave, con multas de 600.000 a un millón de euros, la exposición pública de una persona en atención a su discapacidad, ya sea en un espectáculo, en una feria, en un local abierto al público o en redes sociales.
Otra novedad es que la asignación de plazas en una residencia o estancia colectiva se basará en la preferencia sobre el lugar para vivir o ubicación que prefiera el dependiente. Rechazar una plaza no será motivo para enviar a una persona a la cola de la lista de espera.
Cuidadores allegados
Se extenderá la consideración de cuidador familiar con derecho a recibir un pago por este servicio al «entorno relacional», como pueden ser parejas ajenas al registro legal, amigos, vecinos o allegados.
Ayuda fuera del hogar
El servicio de ayuda domiciliaria podrá extenderse al entorno comunitario, con acompañamiento a compras, al médico, a gestiones o al centro de día.
Pago retroactivo
Se elimina el período de carencia de dos años establecido por Rajoy, que permitía a las administraciones no abonar dinero alguno al dependiente por los 24 primeros meses en espera de su reconocimiento.