Andrés Rodríguez: "Los políticos deberían cruzar los datos de pérdida de población e inmigración"
El catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla participó en el XVIII Curso de Divulgación Científica y Cultural de la ULE y la Fundación Carolina

Andrés Rodríguez Benot, en el salón de grados de la Facultad de Biología en León.
Acercar el Derecho Internacional Privado a alumnado de Biología es un reto pero no es imposible y puede resultar tan entretenido como sumergirse en el caso Odissey o conocer cómo el FBI usó una foto del entonces diputado de IU Gaspar Llamazares para hacer el retrato robot del terrorista más buscado del mundo, Bin Laden.
El catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Andrés Rodríguez Bernot, sevillano de ascendencia ponferradina, desgranó los retos globales desde la perspectiva jurídica internacional en la conferencia del XVIII Curso de Divulgación Científica y Cultural que organizan la Fundación Carolina y la Universidad de León. «Cualquier individuo se puede ver afectado en el mundo globalizado en sus intereses colectivos o individuales y el Derecho Internacional tutela esos intereses», precisa el profesor.
—¿Por qué el caso Odissey es paradigmático en el Derecho Internacional Privado?
—Es un ejemplo de tutela de un interés colectivo como es el patrimonio histórico español. El tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que naufragó en el Golfo de Cádiz, fue expatriado a Florida por el expolio de una empresa norteamericana, Odissey. El Estado español presentó una demanda ante los tribunales estadounidenses y ganó el pleito después de varias instancias, lo que obligó a la devolución del tesoro, al Reino de España, y actualmente está en Cartagena, en un museo. Es un caso que Alejandro Amenábar aborda en la serie La fortuna bastante bien.
—¿El caso de Gaspar Llamazares qué trascendencia tiene?
—Es un ejemplo de tutela individual de un derecho. El FBI utilizó parte del rostro de Llamazares, que fue el diputado del Congreso, para elaborar el retrato robot de Bin Laden. Se inició un proceso por vía civil para demandar una indemnización por el daño a su honor y a su propia imagen ante los tribunales españoles.
—¿Lo consiguió?
—En este caso, no. Por una serie de razones de segundo nivel no se logró. Pero lo que me interesa es demostrar que el derecho tutela intereses individuales y colectivos.
—¿Intervino usted en estos casos?
—En el primer caso, Odissey, me hicieron alguna consulta en la primera fase por parte del Ministerio de Cultura. En el caso de Llamazares, el abogado que llevó la causa me incorporó al equipo jurídico para la estrategia procesal desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado. Lo conozco de primera mano.
—En una época en que los procesos migratorios están a la orden del día. ¿Cómo se ve afectado el derecho internacional?
—Una parte del derecho internacional integra el estatuto de la nacionalidad y de la extranjería, de tal manera que, según el derecho internacional, el que no es nacional español es extranjero y, por tanto, se somete un estatuto para su entrada, salida, trabajo, residencia, permanencia en España. Es un tema complejo. España ha sido tradicionalmente un país de emigrantes y actualmente el 17% de la población del país es extranjera. El derecho internacional privado se ocupa precisamente del aspecto administrativo, la entrada, salida, permanencia y después del aspecto de nacionalidad.
—¿El acceso a la nacionalidad en España es diferente a otros países?
—En lo que se refiere a la extranjería estamos vinculados con el resto de países de la Unión Europea porque las normas de inmigración en buena manera están comunitarizada. España sí tiene su normativa propia, que es la ley orgánica de extranjería y el reglamento de extranjería, y también algunos convenios con algunos países. Con independencia de que tenemos nuestra propia regulación en el Código Civil, en los artículos 17 siguientes, por la vinculación histórica con los países de Latinoamérica, tenemos hasta doce convenios de doble nacionalidad. El más reciente, el número 13, es con Francia.
—Cuando una mujer extranjera embarazada llega a España sin papeles, ¿su hijo o hija adquiere la nacionalidad española por nacer en España?
—Al llegar a España embarazadas y nacer el hijo aquí, hay que darle un estatus de protección para que puedan permanecer en España y, naturalmente, no pueden ser repatriadas, ni el menor tampoco. Quien nace en territorio español y no adquiere la nacionalidad de la madre —muchas veces las madres tienen la nacionalidad indeterminada o su derecho a la nacionalidad no la atribuyen de la madre— en este caso, el hijo, por haber nacido en territorio español, es español, y a un español no se le puede expulsar de España. Se las llama madres anclas, porque una vez que llegan aquí se anclan en territorio español y desde el punto de vista de la extranjería y de la nacionalidad consiguen permanecer en nuestro territorio.
—¿Se da con mucha frecuencia?
—No conozco estadísticas, pero se da. De hecho, en las llegadas de pateras, en muchos casos oímos que vienen mujeres embarazadas. Es una locura, desde luego, por el riesgo para la vida de la madre y del menor que está siendo gestado, pero en la práctica se debe a eso, precisamente, a ese factor.
—¿Puede el derecho sosegar la crispación política de la inmigración?
—En España hay una paradoja importante. Tenemos una población nacional autóctona cada vez más envejecida, y tenemos zonas del territorio español con un gran abandono de población. Evidentemente, necesitamos población extranjera. La pregunta es, ¿qué tipo de población y cómo viene? Los principales partidos pretenden que la inmigración sea organizada, esté arreglada, y que haya un proceso de selección. Que entren atendiendo a cuestiones humanitarias, cuando no hay más remedio, pero que la inmigración esté organizada.
—¿La norma española favorece que sea así?
—Relativamente. Por nuestra posición estamos afectados por la llegada de nacionales de Iberoamérica, con vuelos frecuentes, y sobre todo por la cercanía de la costa del norte de África, de las maneras que todos conocemos. Si a algún político, algún día, se le ocurre cruzar los datos de pérdida de población y necesidad de inmigrantes, establecerá políticas que favorezcan que vayan a los pueblos, se les garanticen los servicios sociales, (vivienda, sanidad, educación, internet) durante el tiempo trabajen en esos pueblos, en agricultura, ganadería, servicios, artesanía. Con el tiempo terminarán arraigándose y, por qué no, adquiriendo la nacionalidad española. Si a algún político se le ocurriera eso, se solucionarían los dos problemas, el de la inmigración irregular y el de la despoblación y envejecimiento de nuestra sociedad.
—¿Cómo es su vínculo con León?
—Un antepasado mío, ingeniero de minas de Ponferrada, se estableció en Sevilla a principios del XX. Siempre es un placer venir a esta tierra. Curiosamente, los pecios de la Bahía de Cádiz están vinculados a grandes familias leonesas como los Guzmán y Ponce de León como también la Casa de Alba y Medina Sidonia.