Batalla de Igualdad con Sanidad por los fármacos de la menopausia
Igualdad exige a Sanidad que dé soluciones alternativas a las mujeres que sufren la escasez de medicamentos

Caravana de información sobre la menopausia en una de las paradas realizadas en León
El Instituto de las Mujeres ha emplazado al Ministerio de Sanidad a abordar «de forma prioritaria y urgente» la escasez de varios tratamientos hormonales empleados para aliviar, entre otros usos, los síntomas de la menopausia, con el objetivo de garantizar su suministro y promover su financiación pública. La presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández ha escrito sendos oficios dirigidos a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad tras recibir «diversas quejas» de particulares y asociaciones de mujeres por los problemas de abastecimiento de varias Terapias Hormonales Sustitutivas (THS) y la falta de financiación de algunas de ellas. Desde hace meses escasean en farmacias el espray de estradiol Lenzetto por unas incidencias en la fabricación del difusor, y de la combinación de 17ß-estradiol y progesterona Binjuva, en su caso por la suspensión de todas las actividades de fabricación, envasado y comercialización; la Aemps espera recuperar el suministro a finales de noviembre, según avanzó a EFE la agencia dependiente de Sanidad.
Todos estos tratamientos cuentan con alternativas; sin embargo, el aumento de la demanda de los sustitutos derivado de la escasez de Lenzetto tensionado la disponibilidad de algunos, como los parches Evopad —los únicos financiados— y Estradot. "Los problemas actuales de abastecimiento de este tipo de medicamentos ha dejado a muchas mujeres sin poder dar continuidad sus tratamientos, con las consecuencias que ello supone para su salud y calidad en su vida diaria", lamenta Hernández. «Ante la falta de medicamentos financiados", algunas de las alternativas disponibles deben ser sufragadas íntegramente por las mujeres, cuando «en un sistema de salud universal y público, la capacidad económica no puede determinar quién puede mantener un tratamiento prescrito y quién no".