El Congreso aprueba casi por unanimidad la nueva ley de sanidad

Por 249 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, el Congreso refrendó el texto debatido en la Comisión de Sanidad de la Cámara baja. Los representantes de la oposición elogiaron el talante negociador de Ana Pastor, una actitud que dijeron echar en falta en el resto del Gobierno. Gracias a las prolongadas negociaciones, se han disipado los recelos que abrigaban las fuerzas de la oposición. Al mismo tiempo que se reclamaba que no fueran las comunidades autónomas las que financiaran las nuevas prestaciones que se incorporasen al catálogo de prestaciones, los partidos nacionalistas aducían que el proyecto trataba de recuperar competencias. Pastor expresó su gratitud por la disposición al diálogo de todos y cada uno de los grupos, incluida Coalición Canaria, cuyos recelos espera la ministra que se esfumen durante el trámite en el Senado. «Con esta ley se pretende asegurar la equidad sanitaria, de manera que no haya ciudadanos de primera y de segunda en función del territorio en el que residan», dijo Pastor. Para expresarlo gráficamente, la ministra puso como ejemplo la necesidad de que haya un calendario vacunal único en toda España, cosa que ya se ha conseguido, o que ante cualquier dolencia todos los ciudadanos dispongan de los mismos servicios. Si todo marcha bien, como se prevé, la ley estará aprobada definitivamente en mayo, cuando se ratifique la norma en el Senado con algunas mejoras secundarias. Pastor destacó que entre sus próximos objetivos figura la aprobación del estatuto marco y de la ley reguladora de la ordenación de las profesiones sanitarias. Desequilibrios Para corregir los desequilibrios interterritoriales, se arbitran unos fondos de cohesión, diseñados para permitir que si una comunidad autónoma no procura un determinado servicio, el enfermo pueda ser atendido en otra que si lo proporciona. La factura final en este supuesto será asumida por el Estado. Además, en caso de que un gobierno autónomo decida incorporar una nueva prestación, el Consejo Interterritorial, donde están representadas las administraciones autonómicas, estudiará la conveniencia de extenderlo a todo los servicios de salud, siempre que el Consejo de Política Fiscal y Financiero asigne nuevos recursos. La portavoz del PSOE, Consuelo Rumí, se felicitó por el hecho de que se haya salvado el peligro de una España de «dos velocidades en materia sanitaria». Aseguró que nadie debe capitalizar el éxito del acuerdo, y subrayó que se ha eliminado el riesgo de la tendencia centralizadora que en su origen tenía la ley. «Ahora las comunidades autónomas se pueden sentir responsables y partícipes», sentenció. Rumí se congratuló del «blindaje» del que se ha dotado el sistema sanitario para que no pierda su naturaleza pública. La representante de IU dijo que su coalición ha contribuido a mejorar la ley «con un talante crítico y dialogante». Marisa Castro, de IU, dijo no tenía complejos en elogiar la disposición al diálogo de la ministra Pastor, al tiempo que se alegró por que la norma se convierta en un eje fundamental del Estado del bienestar. La portavoz de CC, María del Mar Julios, justificó su abstención en el hecho de que no se refleja una financiación específica para Canarias por su insularidad. Se trata de un »principio irrenunciable« que está reconocido por la Constitución y la UE, señaló la portavoz canaria.