Diario de León
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ANTONIO PAPELL
León

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EL DESCRÉDITO de los partidos políticos es universal. El último Estudio Mundial de Valores, utilizado por la ONU para su Índice de Desarrollo Humano y dado a conocer durante un reciente encuentro organizado por la Fundación BBVA, pone de manifiesto que, aunque las sociedades de todos los países sienten un gran aprecio por la democracia, experimentan una gran desconfianza hacia los partidos políticos. Sólo el 27 por 100 de los españoles declaran tener confianza en ellos, como el 23 por 100 de los norteamericanos o los canadienses, o como -y es fácil de entender- apenas el 7 por 100 de los argentinos. Con unas excepciones paradójicas: el 93 por 100 de los chinos y el 92 por 100 de los vietnamitas expresan gran confianza en su partido único. La gigantesca encuesta de la que emanan estos datos se realizó antes de que tuvieran lugar las crisis de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Marbella. Quizá si estos hechos hubieran sido anteriores al sondeo, el índice de confianza en los partidos de nuestro país hubiera sido aún menor. Porque estos incidentes han puesto de manifiesto la mediocridad de nuestras ceremonias públicas, la pobreza intelectual de los políticos de segundo o tercer nivel, la ruindad de la vocación política y esa cercanía viscosa y repugnante entre el interés general y los intereses particulares. Obviamente, es el PSOE el que más dañado resultará de la indisciplina madrileña y de la curiosa defección marbellí, pero es innegable que graves sombras planean también sobre ciertos dirigentes del PP madrileño y que todo el sistema de partidos padecerá el descrédito que resulta de estos lamentables espectáculos. Aunque es improbable que en ambos escándalos aparezcan actitudes delictivas, lo más demoledor es la sospecha difusa de que tiene que existir para encajar todas las piezas de tan extraños rompecabezas. En medio de esta decadencia, el ex ministro Pimentel anuncia la creación de una tercera vía , de partido nuevo, centrista, basado en el idealismo político . Lo reiteraba el pasado martes en una entrevista en un periódico de Madrid, en la que salvaba a los políticos y se mostraba crítico con los aparatos: «Las dinámicas de grupo pueden con los individuos». En principio, el proyecto es utópico, inviable, y no se le puede augurar porvenir alguno. Ni siquiera Miquel Roca, con su personalidad política relevante, holgada financiación y el respaldo de la Generalitat y de significativos sectores sociales, consiguió que germinara aquel Proyecto Reformista a mediados de los ochenta, cuando el PP no era todavía lo que hoy. Pero la idea de Pimentel es tentadora: una especie de social liberalismo a la manera británica, un liberalismo a la alemana, una tercera vía que, en un sistema electoral como el nuestro, podría ejercer frecuentemente como «bisagra», hurtando este papel a los nacionalismos... Un partido en el eje de simetría al que podrían unirse los desencantados de los dos gigantes. No son estas terceras vías los experimentos de laboratorio que nacerían con el fórceps de puro voluntarismo, las que pueden resolver el problema de la falta de credibilidad de la representación política a través de los partidos. Han de ser las propias organizaciones existentes las que emprendan la regeneración que anuncian siempre que tienen oportunidad y que jamás acometen con el énfasis y la decisión necesarios. Ya es hora de que los partidos establezcan sus controles internos con todo rigor, para expulsar de su seno a los advenedizos que apenas pretenden valerse de sus estructuras y de las debilidades del sistema para atender sus intereses particulares, en perjuicio de los colectivos. De que pierdan su sentido corporativista que les conduce a ocultar las desviaciones de sus miembros. De que impongan reglas transparentes y rigurosas de incompatibilidad. De que se democraticen internamente de forma que sean el mérito y la capacidad las herramientas de la promoción personal, en vez de la pertenencia a clanes y a grupos de presión. De que estimulen e impulsen la defensa de la legalidad promoviendo aquellas reformas que otorguen eficacia al ministerio fiscal y agilidad al aparato judicial.

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