Alstom y el liberalismo

FRANCIA, que aún se resiste a privatizar algunos sectores estratégicos como la electricidad, ha clavado una dolorosa puntilla en la política económica liberal de la Unión Europea, que se basa en las reglas de la competencia y del libre mercado, así como en la filisofía de los Pactos de Estabilidad y Crecimiento. Ante la crisis de una de sus principales compañías industriales, Alstom, el Gobierno francés, de centro-derecha, ha decidido renacionalizar la empresa. Tras aceptar un plan de reestructuración diseñado por su presidente director general, Patrick Kron, el Estado participará en una ampliación de capital de 600 millones de euros (el capital social a partes iguales con los bancos acreedores. El plan incluye la concesión de préstamos bancarios y la emisión de obligaciones convertible en acciones a medio plazo. La compañía es una de las mayores de Europa, con unas ventas en el 2002 superiores a los 25.000 millones de euros y con cerca de 120.000 empleados, 25.000 de ellos en Francia, más de 2.000 en España. Trabaja en numerosas áreas industriales, desde la energía nuclear a los ferrocarriles, con negocios en todo el mundo. Pésimamente gestionada, ha acumulado una deuda de 4.900 millones de euros. Para conseguir liquidez, Alstom ha tenido que vender a su gran competidor europeo, Siemens, su actividad de turbinas industriales por 900 millones de euros, con los que ha pagado algunos vencimientos de créditos, y, de no haber tenido lugar la mencionada ampliación de capital, hubiera enajenado la actividad de transmisión y distribución de energía (T&D) a una empresa paraestatal francesa, operación que tampoco agradaba a Bruselas porque la consideraba una ayuda de Estado . Ante esta situación, el ministro francés de Finanzas, Francis Mer no ha tenido empacho en intervenir. En declaraciones a Le Monde del viernes, defiende el derecho de su Gobierno a actuar puesto que «la vocación del Estado es la de favorecer el entorno económico, de ayudar a las empresas y no de hacerlo por sí mismo... por lo que puede intervenir cuando están en juego intereses importantes». Asimismo, manifiesta que esta actuación es «una participación minoritaria y transitoria, que debe considerarse excepcional» y aduce que todo está preparado, por ejemplo, para la privatización de Air France. Asimismo, insiste en que Alstom es «una empresa europea» cuyos principales competidores están en Japón y en Estados Unidos. Y aduce el argumento de que la suspensión de pagos de la compañía sería «un drama social». Puede que sí, pero las reglas de la Unión Europea están para cumplirse, y no es legítimo otorgar «ayudas de Estado», expresas o encubiertas, para financiar una reestructuración. Así lo ha dicho en términos bien claros el comisario encargado de la competencia, Mario Monti, quien ha exigido al ministro francés de Finanzas que notifique «urgentemente» los detalles del plan de recapitalización, que no podrá aplicarse hasta que la Comisión lo autorice. No hace falta explicar que una medida como ésta distorsiona la competencia. Y abre una caja de Pandora en toda la Unión. ¿Con qué razones se negarán en el futuro subvenciones públicas a las empresas de cualquier país comunitario que tengan problemas de supervivencia, causados por la mala gestión de sus administradores o por otra razón? ¿Cómo se puede compaginar el adelgazamiento de lo público que emana de la doctrina del rigor presupuestario si el Estado ha de convertirse en apagafuegos? El ministro de Finanzas de Francia, en la mencionada entrevista, invoca los grandes conceptos -«No podemos dejar que Europa sea sólo un mercado»- y apela al pragmatismo -«esta decisión prueba que no somos ideólogos sino pragmáticos»-.