Verano y humos

QUIENES mantienen la tesis -de momento, incierta- todavía de que estos calores estivales son debidos al cambio climático no pueden apoyar su argumento en las temperaturas máximas alcanzadas, que en nuestro país tienen precedentes más o menos lejanos en todos los casos, aunque sí podrían hacerlo en la inusual duración de la ola de calor. En cualquier caso, estas líneas no buscan el debate sobre el real o imaginario recalentamiento de la tierra sino apenas entrar de refilón en el problema que nos acucia cada verano: los incendios. Incendios agravados este año por el rigor de la canícula y la ausencia de lluvia desde hace muchas semanas en la mayor parte del territorio español. Los incendios de este tórrido estío han costado, de momento, cinco víctimas mortales en Cataluña y, desde el primero de agosto, la combustión de más de 40.000 hectáreas de monte, la mitad de las cuales aproximadamente eran de bosques. El saldo de este verano es peor que el del 2002, pero en general se advierte una tendencia positiva muy marcada, que conduce a una paulatina reducción año tras año de la superficie quemada. Pero es justo reconocer que las comunidades autónomas, competentes en la lucha contra el fuego, han realizado grandes avances tanto en dotaciones de personal como en maquinaria y en organización anti incendios. En el terreno legislativo, se ha avanzado también bastante. El Código Penal de 1995 impone penas graves a los incendiarios, y más de la mitad de las 565 detenciones practicadas en el 2002 por delitos ambientales fueron de pirómanos (según algunos expertos, sólo el 2 por 100 de los fuegos tiene causas naturales). Sin embargo, las organizaciones ecologistas se quejan de la escasa fortuna de loas fuerzas de seguridad a la hora de acopiar pruebas de cargo: al margen de los enfermos mentales que confiesan su crimen, y que lógicamente son condenados a penas leves o internados en psiquiátricos, no se conoce una sola condena de un pirómano que haya actuado por motivos económicos o por cualquier otra razón culposa. En lo referente a la explotación de los terrenos quemados, la norma es menos concreta: en el borrador de la Ley de Montes, actualmente en el Congreso, se dispone la prohibición del «uso forestal por razón de incendio». De cualquier modo, es patente que todavía se puede avanzar más en el terreno de la prevención y de la extinción. La construcción de accesos practicables para los bomberos en los parques naturales y en las zonas montuosas de bosque facilitaría la labor. Asimismo, la limpieza de las zonas forestales en primavera, la construcción de cortafuegos, la confección de planes de protección de urbanizaciones y casas aisladas, etc. Finalmente, parecería necesario establecer más y mejores mecanismos de coordinación, contando con un voluntariado que la mayor parte de las veces no puede prestar servicio alguno por falta de previsión. Los recursos materiales y humanos disponibles deben ser aprovechados al máximo y ubicados por tanto donde sean necesarios según aparezcan las emergencias. Es cierto que hemos vivido un verano extraordinariamente cálido y, a pesar de ello, estaremos a su término muy lejos de aquellos años en que los incendios causaban gravísimos estragos, que todavía son visibles en los territorios más castigados. En algún caso, como en Galicia, el éxito logrado en la última década ha sido simplemente espectacular. Pero todavía el daño causado por el fuego es excesivo y, en buena parte, prevenible. La civilización consiste a fin de cuentas en minorar los efectos perversos de las fuerzas incontroladas de la naturaleza. Y ahora que nos anuncian -felizmente- un cambio de tiempo que nos librará de los ardores que aún padecemos, conviene hacer otra previsión: la ya declarada posibilidad de que se produzcan lluvias torrenciales al final del verano debe provocar una limpieza a fondo de los torrentes. Sería intolerable que, tras la advertencia, no fuéramos capaces de encauzar las riadas.