El Gobierno no retrasará la ley contra la violencia de género pese al rechazo judicial

La Ley integral contra la Violencia de Género se atendrá a los plazos marcados por el Gobierno y llegará al Congreso en las fechas previstas, antes del 30 de junio, a pesar del revolcón que le propinó ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al rechazar el texto oficial. El Ejecutivo no ampliará el plazo concedido al Consejo para analizarlo y recuerda que todas las objeciones jurídicas planteadas por los vocales conservadores pueden atenderse durante la posterior tramitación parlamentaria de la ley. «De ninguna manera vamos a retrasar el envío de la ley al Parlamento». Un portavoz del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ratificaba el compromiso de su titular, Jesús Caldera, y del presidente, Rodríguez Zapatero, de hacer de ésta la primera ley que el Gobierno socialista remite a las Cortes, y un estandarte de su lucha contra esta lacra que ha costado la vida a más de 30 mujeres en lo que va de año en España. Conceder quince días más de plazo, como pidió ayer el CGPJ para elaborar el preceptivo informe, desbarataría el calendario diseñado por el Ejecutivo -aprobación en Consejo de Ministros el día 25 y remisión al Congreso antes del final del período de sesiones, el 30 de junio- e implicaría «casi un año de retraso en la aprobación definitiva de la ley», recalcaron las mismas fuentes. El Gobierno no ocultaba ayer el malestar por la derrota de su texto en la comisión de Estudios de Informes del CGPJ, previa al pleno de este jueves. El rechazo de los vocales designados a propuesta del PP, mayoría en el Consejo, lo interpretó en clave política, como un intento de frenar la tramitación de la ley y facilitar al primer partido de la oposición argumentos para denunciar el incumplimiento de una promesa electoral emblemática de los socialistas. La ley es «urgente y no se puede retrasar», alegaron portavoces del Ministerio de Trabajo. Justificaban así su cerrada negativa a conceder el mes de consultas -habitual en casi todos los proyectos de ley- solicitado por el CGPJ. Favorable o no al texto de la Ley integral contra la Violencia de Género, el informe del Consejo deberá estar listo en una semana «como mucho», recalcaron. Aunque el dictamen no es vinculante para el Gobierno, la victoria de las tesis conservadoras dejó en mal lugar al anteproyecto y a la ponente del informe, la vocal Montserrat Comas, nombrada en su día a propuesta del PSOE y presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica del CGPJ. El suyo y el del vocal Luis Aguiar, también de adscripción progresista, fueron los dos únicos votos favorables al informe. En contra se pronunciaron los vocales nombrados a instancias del PP, Adolfo Prego, Javier Laorde y José Luis Requero, que fue designado ponente para una nueva propuesta de informe con la abstención de los dos vocales progresistas.