Las mascotas exóticas están desplazando a los tradicionales animales de compañía El programa de emisiones hará subir la tarifa eléctrica y el combustible

En los últimos años, los ciudadanos están cambiando sus preferencias en lo que animales de compañía se refiere y cada vez son más quienes se apuntan a la moda de poseer un animal exótico y prefieren compartir su casa con lagartos, serpientes, cocodrilos, tortugas, tarántulas o iguanas. En este sentido, conviene recordar que España está adherida al Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), encargado de regular la exportación e importación de las plantas y animales más vulnerables del planeta, prohibiendo expresamente el de aquellas en peligro de extinción y controlando estrictamente a las vulnerables. Según los datos aportados por el Seprona, sólo durante los seis primeros meses del pasado año más de 5.377 aves protegidas, 600 mamíferos, 400 reptiles, además de anfibios, arácnidos y otros invertebrados, fueron incautados a contrabandistas y turistas cuando intentaban introducirlas en España. Las sanciones previstas pueden alcanzar los 30.000 euros, dependiendo del ejemplar confiscado. Por eso, antes de adquirir un animal exótico como mascota, es muy importante conocer su procedencia, que cuente con la documentación necesaria y que en la factura figure tanto el nombre del vendedor como del comprador. La mayoría de las especies exóticas proceden de países en desarrollo que por una pequeña cantidad de dinero venden plantas y animales poniendo en peligro su rica biodiversidad. Además, hay que ser conscientes de que muchas especies no se adaptan a vivir en cautividad porque están muy lejos de su hábitat natural y que cuando llegan a la edad adulta no deben ser abandonados en cualquier lugar porque ponen en peligro a la fauna autóctona o transmitiendo enfermedades y parásitos. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha presentado el borrador del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones Contaminantes en el que se determinan los límites máximos que podrán alcanzar sin sobrecostes los sectores afectados por la directiva europea (entrará en vigor el 1 de enero del año 2005), cuya finalidad es cumplir con los compromisos asumidos en el Protocolo de Kioto. Según se recoge en el documento, en una primera fase (2005-2007) se fija como objetivo estabilizar las emisiones, es decir, frenar la tendencia al alza del ritmo de contaminación, estableciéndose emitir un máximo de 398,1 millones de toneladas de CO2 (una reducción anual del 0,4% respecto al año 2002). El borrador fija que las empresas eléctricas deberán recortar sus emisiones de 94 a 86,4 millones de toneladas anuales, que se traducirá en un coste anual de 30 millones de euros, lo que supondrá una subida en el precio de la generación y, por tanto, de la tarifa eléctrica. Para el resto de los sectores incluidos en la directiva (siderurgia, cementeras, petróleo, vidrio, cerámica y papel) se contempla un reparto anual de 161 millones de toneladas de CO2, con una reducción del 2,7% respecto a las del año 2002. Además, se quiere implicar en el proceso a sectores no incluidos en la normativa europea (transporte, agricultura, residuos, construcción) con el fin de reducir sus gases nocivos en más de 50 millones de toneladas anuales. Mecanismos de flexibilidad El borrador del plan, que se encuentra actualmente en fase de información pública, deberá ser remitido a la UE antes del próximo 1 de agosto. Una vez aprobado, las empresas dispondrán de dos meses para presentar en las Comunidades Autónomas sus solicitudes de derechos de emisión. Además, antes de finalizar este año se prevé crear el Registro Nacional de Derechos de Emisiones y presentar la ley de comercio de emisiones. Según se recoge en el texto, el grueso de las medidas reductoras se aplaza para el periodo 2008-2012. El objetivo es cumplir para entonces con el Protocolo de Kioto que establece para España un incremento del 15% de emisiones respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, las previsiones para el año 2003 apuntan al 41%, por lo que la tarea no será sencilla. En este sentido, en el Plan se especifica que al terminar el año 2012 no deberán superar el 24% sobre el año de referencia. Los nueve puntos que faltan para ese 15% se pretenden conseguir con los llamados mecanismos de flexibilidad, es decir, el aumento de la superficie forestal y la inversión en proyectos de energía limpia en países del Tercer Mundo. Además, en la segunda fase se estudia aplicar un nuevo impuesto en el combustible destinado a reducir el uso del transporte privado.