La mayoría gubernamental

EL PASADO DOMINGO, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, ofreció al PSOE un pacto de gobernabilidad para afianzar la estabilidad del Ejecutivo y a cambio de ciertas concesiones. Por primera vez se ha planteado así una cuestión de fondo que hasta ahora, por la propia inercia de la recién estrenada legislatura, no ha merecido demasiada atención: el hecho de que el Ejecutivo cuente con una relativamente exigua mayoría en el Parlamento. En efecto, el PSOE, con sus 162 diputados, está en el Congreso a 14 escaños de la mayoría absoluta. Y, como segunda fuerza en el Senado, necesita prácticamente de toda la oposición para hacer prevalecer su criterio sobre el Partido Popular, que posee en la Cámara Alta el mayor número de escaños. Consecuentemente, los socialistas deberían clarificar la situación y decidir «con quiénes van a superar la legislatura ( ). U optan por el PP o por aquéllos del resto de los partidos que puedan garantizarle una mayoría estable en las dos Cámaras». Uno de los principales requisitos que exigiría el PNV para suscribir tal pacto de gobernabilidad sería la apertura del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo a todas las fuerzas democráticas. Además, el PSOE debería aceptar la revisión de las «leyes del PP contra las autonomías y las libertades», como la reforma del Código Penal que criminaliza la convocatoria de un referéndum ilegal. Es comprensible que el PNV pretenda explotar la situación de minoría mayoritaria en que se encuentra la formación gubernamental, pero su propuesta no es en modo alguno pertinente ni aceptable. Primero, porque la inferioridad parlamentaria del PSOE es más aparente que real; el Partido Popular se aisló tanto de las restantes fuerzas durante la legislatura anterior que resulta impensable que a corto plazo pueda conseguir el apoyo de las minorías actuales. Y, segundo, porque, precisamente porque van a tener lugar reformas trascendentales que afectan a la columna vertebral del Estado, el pacto PP-PSOE, que garantiza la estabilidad del sistema, resulta indispensable para todo aquello que tenga un carácter fundacional, constituyente o cuasi constituyente. Para bien o para mal, la legislatura deberá transcurrir, pues, como no agrada a Erkoreka: el Gobierno tendrá que apoyarse en el consenso con el Partido Popular en las grandes cuestiones -reforma constitucional y estatutaria, lucha antiterrorista-, y en las minorías en los asuntos sociales, de regeneración democrática, etc. Y así lo ha entendido claramente el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, quien dejó claro en Palma el pasado lunes su posición: «Aunque queremos compartir la lucha contra el terrorismo, siempre será respetando en valor de los pactos vigentes». En definitiva, se mantendrá el actual Pacto Antiterrorista contra ETA y se intentará un nuevo pacto político contra el terrorismo islamista. Para integrarse en el núcleo del Estado, el PNV debería antes aceptar que cualquier reforma de la estructura institucional ha de lograrse mediante un gran consenso que excluye la exigencia de condiciones previas (el modelo catalán, aunque inquietante, sigue al menos esta pauta). Por decirlo más claro, si el nacionalismo vasco aspira a participar en una mayoría transversal en el Estado, deberá primero facilitar esta saludable propensión allá donde gobierna, es decir, en Euskadi. No es de recibo reclamar una participación activa en el diseño de la reforma del Estado en Madrid y mantener en Vitoria una propuesta excluyente, estridente y anticonstitucional que no ha sido objeto de diálogo alguno con los sectores no nacionalistas y que conscientemente rompe el modelo estatutario que, hasta ahora, ha cobijado con notable éxito y considerable aceptación a todos los vascos.