Rumanía reanuda las adopciones internacionales con una ley restrictiva
Rumanía reanudó ayer las adopciones internacionales, al entrar en vigor la nueva y restrictiva ley sobre la protección del menor, tras una interrupción de tres años. Las nuevas disposiciones sólo permiten el prohijamiento para los parientes en segundo grado del niño y además establece que la edad del menor adoptable en el extranjero no puede ser inferior a los dos años. Asimismo, se crea la Oficina Rumana para Adopciones (ORA), única autoridad que controla este proceso, y se elimina la actividad de las fundaciones y de las numerosas instituciones rumanas que durante más de diez años se ocuparon de intermediar en adopciones y cuya corrupción obligó a las autoridades, presionadas por la Unión Europea, a suspender los procedimientos y reformar el sistema. Conforme con la nueva ley adoptada por el Parlamento rumano el pasado verano, la adopción nacional prevalece ante la internacional, a la que se recurre sólo cuando ninguna otra forma de protección puede ofrecer al niño «el debido cuidado». Los únicos organismos privados aceptados en el proceso de adopción son las asociaciones extranjeras autorizadas en este sentido en sus respectivos países de origen. Las adopciones se pueden efectuar sólo por las instituciones especializadas del Estado (las direcciones locales para la protección del niño) bajo el control de la ORA. La tasa para la adopción internacional será única y fija, adoptada por el Gobierno y pagada por el adoptante directamente a la la Oficina Rumana para Adopciones. La ORA tendrá la obligación de constituir también un registro que incluya todos los datos referentes a las adopciones realizadas tanto a nivel nacional como en el extranjero. La ley sobre el régimen jurídico de las adopciones que entra hoy en vigencia fue adoptada tras las acusaciones internacionales de tráfico de niños que determinaron a las autoridades rumanas suspender todas las adopciones a partir de octubre de 2001. Pese a esto, durante la moratoria, más de mil niños rumanos fueron adoptados por familias extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, España e Italia. La nueva ley, elaborada en el espíritu del Convenio de La Haya sobre los derechos de la infancia y en colaboración con expertos de la UE, ha despertado reacciones negativas por parte del Gobierno de EEUU y de asociaciones de padres.