El Gobierno sitúa en el 10% la cifra tope de inmigrantes en España

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, considera que «lo razonable es quedarnos en un porcentaje entre el 8% y el 10% de inmigrantes sobre la población total», cifra tope que tiene en cuenta las posibilidades de integración de estas personas. En una entrevista publicada por el El País , Caldera añade que los inmigrantes «siguen siendo necesarios, pero llegará un momento en que se produzca una estabilización de las cifras en función de las necesidades de nuestro mercado laboral». Según explica, a partir de la finalización del proceso de regularización que establece el Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado el pasado 30 de diciembre por el Gobierno, «no vamos a tolerar que se contrate a una sola persona de forma irregular». «Quien contrate a un 'sin papeles' -afirma- se expondrá a graves sanciones y las vamos a cumplir, no cómo hasta ahora que no se cumplían». Proceso de regulación Con los datos del Padrón Municipal del 1 de enero del 2004 aprobados, estima que en esa fecha había más de un millón de personas en situación irregular en España, aunque precisó que no todos ellos podrán acogerse al nuevo proceso de regularización incluidos en el Reglamento en trámites porque no están en edad de trabajar. Con la prudencia de la dificultad que supone hacer una estimación de los irregulares que hay en España, Caldera aseguró que con los datos del padrón a 1 de enero de 2004 había más de un millón de irregulares en España. «Cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo la estimación de que unas 800.000 personas podrían legalizar su situación, lo hizo desde la moderación», aseguró el ministro de Trabajo. No obstante, se mostró prudente a la hora de barajar nuevas cifras, aunque dijo estar convencido de que serán «varios cientos de miles» los que se beneficien del proceso de regularización incluido en el Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería recientemente aprobado. Caldera aseguró que el Gobierno va a ser más exigente con Marruecos en el control de sus fronteras para que se reduzca el tráfico de pateras y descienda el número de inmigrantes muertos en naufragios cuando intentaban llegar a España de forma irregular.