La negativa a casar gais se sanciona con seis meses sin empleo y sueldo

Los funcionarios que se nieguen a celebrar matrimonios homosexuales, tal y como recomienda el Vaticano, pueden ser sancionados con seis meses de suspensión de empleo y sueldo si la falta es considerada grave, y hasta con la separación del servicio si tiene la consideración de muy grave, según fuentes del servicio jurídico de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras. Los funcionarios están obligados al cumplimiento y acatamiento de la Constitución y de las leyes, y no hay ninguna norma que recoja el derecho alegado por la Iglesia Católica «de manera tan radical». El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, también subrayó ayer que tanto los jueces como los magistrados están obligados a cumplir la ley, por lo que espera que dentro de este colectivo no se produzcan situaciones de objección de conciencia. Ni el ministro de Justicia ni el de Exteriores, dos de los representantes del Gobierno que, junto a Bono, acompañaron a los Reyes al acto de inicio del pontificado, aseguran sentirse aludidos por el discurso del cardenal carmarlengo, Eduardo Martínez Somalo, en la cena con la delegación española. Algunas fuentes destacaron que Somalo hizo una dura crítica al Gobierno por aprobar el matrimonio gay, aunque no citó el tema. El camarlengo pidió, literalmente, que España «conserve siempre y acreciente el patrimonio de la dignidad humana, personal, familiar y social».