Medio Ambiente comprará 55 fincas en el litoral para que no se urbanicen
El Ministerio de Medio Ambiente gestiona la adquisición de más de medio centenar de fincas del litoral español para integrarlas en el dominio público. Esta iniciativa se encuadra en el programa de compra de terrenos calificados de «gran valor ecológico» que han sucumbido en los últimos años a la urbanización descontrolada. Para ello, el ministerio cuenta con la colaboración de las administraciones municipales y autonómicas competentes que en su momento permitieron a estos particulares comprar dichas parcelas. La recuperación de estas 55 fincas ubicadas en las diez comunidades costeras le costará al ministerio de Medio Ambiente 20 millones, la totalidad de la partida presupuestaria anual con la que cuenta para este fin. Dicha actuación tiene el doble objetivo de controlar los procesos edificatorios junto al litoral e impulsar las políticas de protección y gestión de las costas, un espacio frágil desde el punto de vista marino y apetecido y apreciado cuando lo avista el ojo humano. Según la política de costas del ministerio, los criterios para la adquisición de estas fincas atiende a su valor ambiental y estratégico; la viabilidad de alcanzar «fácilmente» el acuerdo entre las partes; la facilidad para su puesta en valor posterior con participación y colaboración activa de las comunidades locales: ciudadanía local, oenegés o ayuntamientos; y la viabilidad de convenios o acuerdos para la gestión posterior de las fincas, es decir, las aportación que vengan del ministerio de Medio Ambiente para restaurar y acondicionar estas fincas si proceden. Estos criterios son, por tanto, los que a priori cumplen el medio centenar de casos que en este momento tramita el gabinete dirigido por Cristina Narbona, que, a pesar de «estar muy avanzados muchos de ellos», según fuentes ministeriales, no se marcan un plazo concreto de ejecución debido a la «lentitud administrativa». En todo caso, «si hay que poner un plazo éste sería al finalizar el año», reconocen dichas fuentes. La mayoría de las actuaciones o se ubican en Andalucía, Valencia y Galicia, con 12, nueve y siete expedientes respectivamente, seguidas de Cataluña, Murcia, Canarias, Cantabria, Asturias, Baleares y País Vasco. En esta lista se encuentran desde fincas particulares (hostales, campings, adosados o clubes náuticos) ubicadas en arenales, marismas, dunas, salinas, cabos o playas hasta paseos marítimos que unen poblaciones costeras saltándose a la torera la legislación vigente. Los espacios con más extensión son una urbanización de Fuerteventura asentada en una superficie de más de 32 millones de metros cuadrados y una parcela en la costa de Barcelona de cinco millones.