El Gobierno sanciona a la central de Vandellós II con 1,6 millones de euros

Es la sanción más alta impuesta nunca a una central nuclear en España. El Ministerio de Industria castiga a la planta tarraconense de Vandellós II, propiedad de Endesa e Iberdrola, a pagar 1,6 millones de euros por quebrantar hace dos años los protocolos de seguridad atómica. La multa se acerca al máximo previsto por la ley para las infracciones graves. Las empresas titulares recurrirán la penalización. «La seguridad de las centrales nucleares es un tema prioritario». José Montilla, ministro de Industria, justificó hoy el rigor de una sanción inédita porque, si bien la corrosión en el circuito esencial de agua detectado en el 2004 no afectó a los trabajadores, a la población cercana o al medio ambiente, elevó el riesgo potencial y comprometió «los márgenes de seguridad» exigidos para el funcionamiento de las instalaciones nucleares. Las centrales nucleares tienen diversos sistemas de refrigeración de equipos y componentes. Uno de ellos es el Sistema de Servicios Esenciales, que toma agua del mar para acabar enfriando el núcleo del reactor, tanto cuando la central está en funcionamiento como en situaciones de emergencia. En agosto del 2004 la corrosión provocó la rotura de una de las piezas del circuito. Tiempo después, la central permaneció parada cinco meses y medio para acometer las reparaciones precisas antes de poder reengancharse de nuevo a la red eléctrica. Industria secunda así la propuesta de sanción aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en diciembre pasado. Tras titubeos iniciales y en medio de las denuncias de los grupos ecologistas, el organismo garante de la seguridad atómica elevó el nivel de gravedad del suceso de cero a uno. Meses después lo recalificó como de nivel 2 -en la escala internacional INES de cero a cuatro-, el peor desde un incidente en la central de Trillo (Guadalajara) en 1992, y determinó la existencia de tres faltas graves. Según el CSN, los responsables de la central incumplieron las condiciones oficiales de explotación y mantenimiento, omitieron las medidas correctoras precisas para subsanar las deficiencias del sistema de aguas esenciales y le ocultaron información que estaban obligados a notificar. La ley fija para cada una de estas infracciones multas de hasta 600.000 euros, e Industria casi ha llegado hasta el máximo permitido, con dos penalizaciones de 525.000 y una de 550.000 euros. Recurso Endesa, propietaria del 72% de las instalaciones, e Iberdrola, titular del 28% restante, anunciaron horas después de conocer la sanción que recurrirán. Disponen de dos meses para preparar las argumentaciones técnicas una vez analicen «en detalle» la resolución del Ministerio de Industria. Pese a la cuantía inédita de la multa, los grupos ecologistas lamentaron que el Gobierno no haya agotado el margen sancionador de que disponía, hasta 1,8 millones de euros, 200.000 euros más de los que le reclaman ahora a las eléctricas. «La multa de 1,6 millones parece cuantiosa pero no lo suficientemente rigurosa», señaló Ecologistas en Acción. A su juicio, el CSN tampoco se atrevió a aplicar la ley en todo su rigor y calificar las infracciones como muy graves, lo que habría llevado aparejadas penalizaciones de hasta 3 millones de euros. «Esto entra dentro de la filosofía con que el CSN ha tratado el incidente de Vandellós, en el que se ha mostrado demasiado laxo en sus controles y exigencias», señalan en un comunicado. Vandellós II entró en servicio en marzo de 1988 y dispone de una potencia de 1.087 MW. En el 2005 generó sólo 4.900 gigawatios/hora de energía eléctrica bruta, la mitad que en el 2001, debido a dos paradas no programadas -cinco meses para reparar los mecanismos dañados- y una parada programada de recarga de combustible.