El colectivo sordo exige intérpretes en todos los organismos públicos

La Asociación de Sordos de León San Juan Bautista ha hecho un llamamiento al Gobierno autonómico y al de la nación para que tomen medidas ante la «discriminación» que cada día sufren las personas sordas, tanto en los organismos públicos como en la mayoría de las empresas. Considera que tanto el Gobierno central como el autonómico «tienen responsabilidades», por lo que «deben tomar cartas en el asunto» para dar solución al problema. Así, reclaman que en los organismos haya al menos un intérprete o traductor, o bien que se conozca la lengua de signos para que toda persona con discapacidad auditiva pueda realizar cualquier gestión sin depender de que otra deba acompañarla. «Llevamos mucho tiempo luchando por que la figura del intérprete esté presente en cualquier ámbito y porque la lengua de signos sea oficial, pero los responsables políticos no terminan de poner fin al problema», explica María Ángeles Valdavida, presidenta de esta asociación. Las personas sordas se encuentran diariamente con numerosas barreras, según se ha manifestado desde la asocación de sordos leonesa. «El servicio 112 no funciona para las personas sordas. Sólo existe un modelo de hoja para rellenar y enviar por fax describiendo la situación en la que te encuentras, pero si sufres un accidente y estás en la calle ya no sirve», explica José Manuel Antelo, educacdor socio-familiar. Otras de las barreras, añade, «son las nuevas tecnologías. Por ejemplo, muchas grabadoras deuvedé no graban el subtitulado del teletexto y las nuevas cadenas no subtitulan, al igual que ocurre en casi todas las salas de cine o en la comunicación por Internet. Las personas sordas no pueden acudir tampoco a ningún curso o charla precisamente porque no hay intérprete. También por ello, la mayoría de las personas sordas no finalizan estudios superiores». En la provincia existen sobre 3.000 personas que padecen discapacidad auditiva, y más de un millar padecen sordera profunda.