Los obispos ven legítima la aspiración de los nacionalismos a la independencia

Los obispos consideran legítimo que los nacionalistas aspiren a la independencia siempre que no recurran a la violencia. En la instrucción pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España que presentó ayer el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, los prelados señalan no obstante la importancia de «poder ser simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos, en cualquier territorio o en cualquier ciudad del actual Estado español». El documento surgido de la asamblea plenaria de le CEE es, según el portavoz de los obispos, «esperanzado, constructivo y no político». Como se avanzó la pasada semana, admite «alguna medida de indulgencia» para los terroristas que abandonen «definitivamente la violencia y el terror como instrumento de presión». Considera que «la justicia quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus objetivos por medio de concesiones políticas que legitimaran falsamente el ejercicio del terror». Tras reconocer la legitimidad de las posiciones nacionalistas no violentas a «pretender modificar la unidad política de España por métodos democráticos», la instrucción pastoral reafirma la unidad religiosa, política y cultural del país y se pregunta «qué razones hay que justifiquen la ruptura de los vínculos de las relaciones familiares, profesionales e intelectuales, económicas, religiosas y políticas que ha producido esta coexistencia cultural y política». «Laicismo radical» El documento denuncia en otro apartado la imposición de un «laicismo radical y excluyente» abonado por muchas leyes aprobadas por el Gobierno. Un laicismo que «deja sin raíces a instituciones tan fundamentales como el matrimonio y la familia» y que «confunde la condición de aconfesionalidad del Estado con la desvinculación moral y la exención de obligaciones morales objetivas para los dirigentes políticos». Apuntan los obispos que las decisiones de los parlamentarios «y, en concreto, los dirigentes de un grupo político, que está en el poder», no se someten a ningún «principio moral vigente y vinculante», con lo que la sociedad entera «queda a merced de las opiniones y deseos de una o pocas personas que se arrogan poderes casi absolutos». Arzobispo procesado Juan Antonio Martínez Camino eludió pronunciarse sobre el procesamiento del arzobispo de Granada, Javier Martínez, por un presunto delito de acoso moral, coacciones e injurias sobre un sacerdote. Aseguró, no obstante, que el Estado y los jueces «ni pueden ni deben» entrometerse en el funcionamiento diario de la vida de la Iglesia. «Las autoridades del Estado, todas, no pueden intervenir en la vida religiosa: no es su competencia», dijo el portavoz de la CEE tras señalar que no pensaba «hacer ningún juicio a ningún obispo ni admitir prejuicios en esta sala». «La libertad religiosa exige que las comunidades religiosas puedan gobernarse a sí mismas según sus criterios -siempre dentro del orden público y de la Ley- pero los jueces no deben, no pueden gobernar a la Iglesia. No es su competencia», dijo.