El abogado de los denunciantes invita al alcalde a negociar un programa que evite el ruido

Tenerife cifra en cinco millones las pérdidas si se suspende el carnaval

El auto judicial ha dado la vuelta al mundo, aunque aún no ha provocado cancelaciones

El alcalde, Miguel Zerolo, y el concejal de Fiestas, Hilario Rodríguez

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efe | santa cruz de tenerife

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La ciudad de Santa Cruz de Tenerife vivió ayer la noticia de la suspensión cautelar de la celebración en la calle del Carnaval con llamamientos a un acuerdo entre las partes para salvar la fiesta, mientras se empiezan a echar cuentas de las posibles pérdidas que esa medida judicial ocasionaría. Aunque es difícil evaluar el impacto de la suspensión del Carnaval en el sector comercial de la ciudad y en el turismo e imagen de la isla, el Cabildo de Tenerife adelantó que los ingresos que se dejarían de percibir superarían los cinco millones de euros. La suspensión cautelar de la celebración en la calle del Carnaval fue decidida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife a instancias de un grupo de vecinos de la zona centro, que consideran afectado su derecho al descanso por los ruidos que genera esta fiesta. Sin cancelaciones de reservas Esta petición de los vecinos se produjo tras una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la cual se reconocían los derechos fundamentales de los vecinos y se establecía que el ruido no podría sobrepasar los 55 decibelios, algo que el Ayuntamiento considera imposible de cumplir. La noticia ha recorrido el mundo y el Cabildo de Tenerife ha constatado su repercusión en medios de comunicación del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, lo cual podría afectar a la imagen que quiere transmitir la isla como destino turístico alegre, acogedor y festivo. De momento no se han producido cancelaciones en las reservas turísticas tras la difusión mundial de la noticia, según la patronal hotelera Ashotel, que hizo un llamamiento a un acuerdo que concilie el derecho de los denunciantes al descanso con el del conjunto de ciudadanos a celebrar una fiesta de gran repercusión turística. En la misma línea se pronunció el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, quien reclamó una solución pactada al conflicto, porque «los ciudadanos no se van a resignar» a perder el Carnaval. Ante el relieve que ha alcanzado la suspensión cautelar de las fiestas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha considerado necesario aclarar que esta medida afecta sólo a los musicales nocturnos que se organizan en la zona centro de la ciudad, y no a la totalidad de las fiestas ni a sus actividades tradicionales. Por eso no corren peligro la gala de elección de la Reina del Carnaval, la cabalgata, el coso u otros actos similares, sino que lo que hay que resolver es qué pasa con las fuentes de sonido procedentes de bares, kioscos, escenarios y coches engalanados. La decisión definitiva se adoptará por parte del juzgado de lo contencioso administrativo el próximo lunes, tras una vista en la que comparecerán los representantes legales de los vecinos denunciantes y del Ayuntamiento. Abiertos a negociar El abogado de los denunciantes, Felipe Campos, declaró que si el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, quiere llegar a un acuerdo respecto a la celebración de los actos nocturnos del Carnaval de la capital tinerfeña, le espera «con los brazos abiertos». Recordó que el exceso de ruido vulnera un derecho fundamental de los vecinos que lo han denunciado, y ante eso, en lugar de intentar alcanzar un acuerdo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife «ha iniciado un camino peligroso de alarma social». Felipe Campos pidió al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que «se siente con nosotros, pierda algunos votos y asuma su responsabilidad para comprometerse con los vecinos y salvar el carnaval». El Ministerio de Medio Ambiente intercedió en el contencioso para recordar que la Ley del Ruido permite excepciones por motivos culturales y consideró que ello es suficiente base legal para que la Comunidad Autónoma, el Cabildo o el Ayuntamiento puedan exceptuar temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

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