Presentan un decálogo de medidas para un urbanismo sostenible

La organización ecologista Greenpeace ha presentado una decena de medidas para conseguir un urbanismo sostenible que aumente la calidad de vida y el respeto al territorio donde se desarrolla. Según indican, «resulta incomprensible que no se hayan planteado fórmulas para poner freno a la destrucción del territorio en la que estamos inmersos. A pesar de existir suficiente legislación para actuar de forma contundente contra la ilegalidad, gran parte de las infracciones urbanísticas se acaban consolidando, en muchas ocasiones debido a la prescripción de las mismas por el transcurso del tiempo sin actuación por parte de la Administración». Los problemas derivados del urbanismo actual se acrecientan en la franja litoral, especialmente la mediterránea, debido a los movimientos de asentamiento de habitantes del interior peninsular y de ciudadanos del norte de Europa. Estos desplazamientos, iniciados en la década de 1960, se han incrementado favorecidos por la mejora de las infraestructuras de comunicación, por la entrada de España en la UE y, posteriormente, por la unificación de la moneda europea y la bajada de los tipos de interés. Según María José Caballero, portavoz de Greenpeace, «sólo será posible un cambio de tendencia mediante un pacto real entre todos los partidos políticos, una mayor implicación de la ciudadanía en la concienciación de los graves perjuicios que se derivan de esta situación y la actuación más efectiva de quienes pueden contribuir a la erradicación del problema». Aunque consideran que no existen «fórmulas mágicas para solventar el grave problema de crecimiento descontrolado en el que está inmerso el territorio español», han presentado un decálogo que, a su juicio, deberían cumplir las administraciones autonómicas y locales, así como las promotoras urbanísticas. Propuestas Según se recoge en el texto, deben modificarse los criterios de planificación urbanística, partiendo de la protección de todo el suelo no urbanizable. Los modelos territoriales del planeamiento deben tener un marco de referencia supramunicipal que dé una coherencia territorial y de funcionamiento de los servicios, del abastecimiento y de los equipamientos. El crecimiento urbanístico debe limitarse al 10% de incremento en cada planeamiento y debe impedirse la recalificación de suelo hasta que no se haya ejecutado, al menos, el 90% del suelo clasificado en el planeamiento general en vigor. En los municipios litorales, se debe prohibir la construcción en la franja no ocupada de los primeros 500 metros de costa. Los planeamientos territoriales nunca deben responder a intereses privados. Deben establecerse procesos efectivos de participación ciudadana y control del urbanismo. Igualmente, deben reducirse las posibilidades de cambios de clasificación de suelos no urbanizables a urbanos o urbanizables, así como de los cambios de uso e incremento de edificabilidad y densidad. La planificación urbanística debe priorizar el mantenimiento del paisaje, así como de la estructura y tipología de los núcleos urbanos. Además, debe identificar las necesidades de los recursos básicos como la energía y el agua, y establecer para ellos fórmulas de gestión sostenible.