Los parques zoológicos deberáncontribuir a preservar labiodiversidad
«El parque zoológico, un nuevo aliado de la biodiversidad», es el título de una publicación editada por la Fundación Biodiversidad sobre la función de los zoos en la conservación de la diversidad biológica. Se trata de una guía para la aplicación de la ley aprobada en el año 2003 sobre conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, que incorpora la directiva comunitaria relativa al mantenimiento de animales salvajes en estos centros a los que se define como establecimientos públicos y privados que tengan carácter permanente y mantengan animales vivos de especies silvestres para su exposición. La ley establece medidas de conservación, de bienestar, profilácticas y ambientales adecuadas para proteger a los animales, así como aquellas que sean necesarias para que los zoológicos sean una fuente de conocimientos científicos a disposición de universidades, investigadores y organizaciones comprometidas con la conservación de la naturaleza. Según la citada ley, los parques zoológicos deberán elaborar y desarrollar programas para preservar la biodiversidad, adoptar medidas para recuperar, rehabilitar y reintroducir especies amenazadas en sus hábitats naturales, gestionar la recolección de recursos biológicos, y cooperar, financiera, científica y técnicamente en la conservación «ex situ» de la fauna silvestre. Igualmente, contarán con programas de educación y atención veterinaria, personal especializado, medios materiales adecuados a cada animal, un registro de especies y ejemplares y medidas de seguridad pública. Sin embargo, cuatro años después de la entrada en vigor de la ley, la situación de los zoos españoles es bastante deficiente en cuanto a conservación de los animales y alojamientos poco seguros, y sólo Andalucía, Madrid y Navarra, que cuentan con 47 de los 134 zoológicos que hay en España, han implantado la normativa sobre conservación de la fauna silvestre. En otras cinco comunidades las competencias sobre el cuidado de esos centros se han asignado a Consejería de Medio Ambiente y, en otras ocho, ni siquiera se ha elegido el órgano responsable de velar por el cumplimiento de las leyes.