Mil adopciones menos
La nueva ley que regula la salida de bebés de China ha provocado una drástica caída de las adopciones internacionales en España, con 951 casos menos en un año
China continúa a la cabeza como país de origen de las adopciones internacionales de los españoles
China ha comenzado a cerrar las puertas de salida de sus niños huérfanos. La nueva ley que regula las adopciones en el país asiático ha provocado una drástica caída de las acogidas internacionales. Un endurecimiento normativo que pone más trabas a las familias que desean adoptar también ha afectado a España, primer país del mundo en apadrinamientos en términos relativos. Las exigencias chinas, unido a los cupos impuestos por Ucrania y al menor número de peticiones totales, provocaron que en 2006 las familias españolas prohijasen casi mil niños menos que el año anterior. La normativa que regula las adopciones internacionales en China se elevó a rango de ley el pasado mes de mayo, aunque sus efectos se dejaron sentir mucho antes. Una de sus peculiaridades tiene que ver con la burocracia que afecta a las familias adoptivas, ahora mucho más estricta. Este hecho provocó que de un año para otro las acogidas españolas cayeran de 2.753 niños a 1.759. Una drástico descenso que en términos absolutos afectó igualmente al total de las tutelas, que pasaron de 5.423 en 2005 a 4.472 el pasado año, un 18% menos. Las familias españolas hacen cada vez menos solicitudes de adopción, quizá motivado por los farragosos trámites burocráticos, la espera de hasta dos años y el precio del apadrinamiento, que puede ascender hasta los 12.000 euros. Para agilizar este proceso, el Gobierno ya tramita la futura Ley de Adopción Internacional. Una norma que pretende simplificar los trámites legales y evitar las duplicidades administrativas entre el Ejecutivo y las Comunidades Autónomas, sobre las que recae esta competencia. Además, busca extremar las garantías del niño, mejorar los certificados de idoneidad y el seguimiento postadoptivo, prohibir la acogida de menores en países en conflicto y, por último, reconocer el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes cuando sean mayores de edad. Ante este intento de agilizar las adopciones en España, la mayoría de los grupos parlamentarios manifestaron ayer su descontento por el anuncio del Gobierno de una prestación de 2.500 euros por nacimiento o adopción de un hijo, así como por el hecho de que ya se pueda pedir la ayuda sin estar aprobada la ley que la regulará. Está previsto que Caldera explique el proyecto de ley que regula la prestación económica en una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, el próximo martes. El diputado popular Miguel Barrachina, anunció que su grupo no se opondrá a estas ayudas «siempre y cuando sean hechas por el procedimiento debido y siempre y cuando no sean inferiores a los 3.000 euros que llevaba el PP en su último programa electoral». Sin embargo, acusó al Gobierno de no respetar el procedimiento democrático «normal» de primero aprobar la ley y después dar la posibilidad de solicitar la adopción.