El TSJ andaluz admite el recurso contra la asignatura de Ciudadanía La Ley de Dependencia aún no da frutos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha admitido a trámite el recurso presentado por varios padres sevillanos contra los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura de Educación para la Ciudadanía al entender que hay indicios de que su obligatoriedad podría vulnerar derechos como la libertad de enseñanza e ideológica. La admisión a trámite por este procedimiento especial supondrá un proceso preferente y urgente, que podría resolver en cuestión de semanas la implantación de la asignatura en la comunidad autónoma andaluza. La decisión del tribunal se produce pese a la negativa el pasado jueves, en la vista previa, de la Fiscalía y el abogado del Estado, quienes según el juez se negaron a su admisión «por consideraciones que afectan propiamente al fondo del recurso» y no se «oponen» a la de los demandantes, y que serán examinadas en su momento. Jurisprudencia No obstante, el auto insiste en que esa admisión a trámite «no supone un juicio anticipado sobre su efectiva vulneración», y fundamenta su decisión en la jurisprudencia «según la cual ha de huirse de interpretaciones restrictivas o rigoristas que impidan el acceso al procedimiento que nos ocupa». Así, señala que los recurrentes especifican los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, como la libertad de enseñanza y derecho a los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos, o la libertad ideológica y religiosa, e identifican el acto que consideran causante de la infracción de aquél derecho. La admisión a trámite no invalida el auto emitido la pasada semana por el TSJA en el que descartaba la toma medidas cautelares como la suspensión de la aplicación de los decretos autonómicos, como pedían los padres en su recurso, mientras se resuelve el fondo del asunto. Entendía el magistrado que de la entrada en vigor de los decretos autonómicos no se deduce la obligación de la asignatura, que viene fijada en la Ley Orgánica de Educación (LOE). El recurso ha sido presentado por cinco padres sevillanos, entre los que se encuentran los abogados Carlos y Manuel Seco Gordillo, ex diputado nacional del PP. Carlos Seco manifestó su alegría porque el TSJA «haya considerado que el recurso interpuesto se tramite por el procedimiento especial, en contra de la opinión del Estado. Nueve meses después de entrar en vigor, la Ley de Dependencia, propuesta estrella del Gobierno en política social, no acaba de despegar. El calendario previsto por el Ejecutivo fijaba abril como fecha tope para comenzar la atención a todas las personas en situación de Gran Dependencia, unos 175.000, pero de momento no se ha destinado «ni un solo euro» para sufragar estos gastos, según critican los grupos parlamentarios. El ministerio de Trabajo y Asuntos sociales achaca este retraso a que las Comunidades Autónomas todavía están llevando a cabo las valoraciones para el reconocimiento del grado de discapacidad (se han autorizado por ahora unas 30.000), sin embargo, desde los partidos de la oposición, incluida Izquierda Unida, creen que el Gobierno debería dar un empujón a la Ley y engrasar la maquinaria con más dotación económica. El primer año de aplicación de la Ley de Dependencia prevé que las personas con mayor grado de discapacidad comiencen a percibir ayudas. Para ello, el Gobierno y las Comunidades Autónomas -que financian a medias la iniciativa- han destinado unos 450 millones de euros para su puesta en marcha en 2007. Esta partida ha sido objeto de tira y afloja entre las administraciones central y regionales, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular, que se quejaban por ser insuficiente. Estas temen tener que sufragar los sobrecostes de algunos servicios básicos que el Ejecutivo ha valorado a la baja. Miran a los presupuestos Tanto el PP como CIU e Izquierda Unida recordaron ayer que de los 1.000 millones que habían prometido inicialmente sólo se acabaron incluyendo 400 en los presupuestos, y ahora han recortado su compromiso a 220, «una cifra escasa que deberá de ser triplicada si quieren nuestro apoyo para sacar adelante los presupuestos generales de 2008», advirtió Gaspar Llamazares, coordinador general de IU. En Convergencia i Unió también dejaron claro que pondrá caro su respaldo al Gobierno en los presupuestos, a pesar de que este pasado jueves le diera su apoyo en la reforma de las pensiones. Le critica que está incumpliendo el calendario, que nadie ha cobrado todavía «un céntimo» de prestación y que no puede escudarse en la lentitud de las instituciones.