Una treintena de clínicas abortistas mantiene la huelga de intervenciones
La Junta Directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ratificó ayer su intención de suspender las interrupciones del embarazo entre los días 8 y 12, al considerar que la Administración general y madrileña desoyen su petición de amparo «ante las situaciones de acoso y persecución que vienen sufriendo los/as profesionales de las clínicas acreditadas». En un comunicado, la asociación, que agrupa a 30 centros acreditados en 10 comunidades autónomas españolas, denuncia que este hostigamiento se ha agravado durante estos días «por la actuación de grupos extremistas que buscan imponer su moral por encima de los derechos contemplados por la ley». ACAI solicitó días atrás entrevistas con autoridades de la Administración Madrileña, la Judicatura y la Administración General, sin éxito. Por este motivo, los centros de ACAI y otros no asociados como las clínicas Dator y Mediterránea Médica no realizarán abortos durante los próximos días, a excepción de los servicios mínimos -mujeres que cumplan el plazo de 22 semanas o cuya vida corra peligro- que el Servicio Andaluz de Salud ha solicitado a las clínicas andaluzas, en virtud del concierto completo que mantiene con éstas en la prestación del aborto. Sector privado Las clínicas acreditadas intentan «llamar la atención de las autoridades sobre lo que puede llegar a ser un grave problema de salud pública». El sector privado realiza el 98 % de las interrupciones del embarazo. En 2006 abortaron en España 101.592 mujeres. Durante los días señalados, las clínicas que secundan el paro podrán prestar otros servicios, atención ginecológica o actividades preventivas en materia de anticoncepción y la educación sexual. Las clínicas concertadas reclaman que se respete el derecho de las mujeres a recurrir al aborto, como prestación sanitaria básica, dentro de la legalidad vigente; garantías de seguridad jurídica y física de los profesionales; y un consenso entre las fuerzas políticas para reformar la actual ley del aborto hacia «una ley de plazos, homóloga a la que disfrutan el resto de países europeos».