El Gobierno aprobará una norma queregule la confidencialidad del aborto

El Gobierno aprobará una norma por la que se establecerá un «marco básico» que garantice la «equidad» y «calidad» en la interrupción voluntaria del embarazo, así como el «respeto a la intimidad y confidencialidad» de las mujeres que decidan abortar. Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien informó de que, con este mismo fin, el Ministerio de Justicia ha pedido a la Agencia de Protección de Datos que emita un dictamen en el que se fijen los límites en el ejercicio de inspección de las administraciones públicas. «El Gobierno no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo», sentenció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De la Vega aventuró que habrá «ocasión de mejorar» la Ley del Aborto si, tras el «amplio debate social» que este tema ha suscitado, se llega «a la conclusión de que así hay que hacerlo». Mientras tanto, apostilló, «es nuestra obligación como Gobierno seguir garantizando los derechos de todos y de todas» y advirtió de que «las mujeres no deben dudar» de que así se hará, enfatizó, «hasta el último día de nuestro mandato». Tras el debate generado por la investigación judicial abierta sobre varias clínicas por haber llevado a cabo, supuestamente, abortos ilegales, los ministros de Sanidad y Justicia presentaron sendos informes sobre este asunto en la reunión del Ejecutivo. Sanidad promoverá una norma común -probablemente un decreto- que regulará las garantías en las que se practican los abortos en el conjunto del Estado, no sólo para las mujeres sino también para los profesionales de las clínicas acreditadas para este fin. La iniciativa podría sustentarse en un Real Decreto que, tras pasar por el Consejo de Estado, se aprobará, previsiblemente, antes de que concluya la legislatura, informaron a EFE fuentes de Sanidad. El objetivo de la norma será promover la equidad y la calidad, de modo que el acceso a esta prestación «sea igual en todo el territorio español» y «no haya discriminaciones», ya que, confesó De la Vega, «ha habido algunas disfunciones». También determinará las «condiciones y requisitos» de los conciertos que mantiene la Sanidad pública con las clínicas privadas que practican las interrupciones voluntarias del embarazo.