El Tribunal de Justicia juzga desde hoy a una juez que olvidóliberar a un preso

El Tribunal Superior de Justicia (TSJA), con sede en Granada, juzgará a partir de hoy a la juez de Motril (Granada) Adelina Entrena, acusada de olvidarse acordar la libertad de José Campoy, un preso que pasó más de un año en la cárcel por un delito del que había sido absuelto. Fuentes del caso han informado a Efe de que en el juicio, fijado para los días 2, 3 y 4 de abril y que comenzará a las 9:30 horas en la Real Chancillería, comparecerán, además de la imputada, más de una decena de testigos, entre ellos el propio Campoy, su madre, la secretaria del juzgado dónde trabajó Entrena y varios funcionarios. También está prevista la testifical del fiscal que llevó la causa del preso, de uno de los abogados que defendió al reo y del juez que sustituyó a la magistrada durante una baja, además de seis médicos-peritos. La Fiscalía Superior de Andalucía solicita suspensión de empleo o cargo público durante un año y tres meses para la juez y pide que indemnice a Campoy en un total de 75.230 euros, de los que 15.230 corresponden a los perjuicios causados por los días de indebida privación de libertad y 60.000 por el daño moral sufrido. El Ministerio Fiscal considera a la magistrada autora de un delito contra los derechos fundamentales del artículo 532 en relación con el 530, preceptos ambos del Código Penal, en la modalidad de prolongar la privación de libertad de un preso por imprudencia grave. En el relato de hechos el fiscal precisa que pese a que Campoy había sido absuelto a través de una sentencia declarada firme de un robo con violencia por el que fue juzgado, no se acordó ni se instó su libertad. Presunta violación Por otro lado, la Asociación Clara Campoamor exigirá la responsabilidad civil del Estado en el caso de una presunta violación a una menor en Palencia por un hombre de 28 años que año y medio antes de los hechos fue condenado por la Audiencia de Zamora a siete años por un hecho similar y que estaba prófugo. La abogada de la Asociación, Margarita Calle, señaló ayer que una vez que concluya el procedimiento penal sobre la violación de la joven palentina solicitará al Estado la responsabilidad civil mediante un contencioso-administrativo.